El empresario Jorge Stephan Romita Iturbe, consentido a nivel federal por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones de José Antonio Merino, también se beneficia de los contratos del gobierno de la Ciudad de México, particularmente aquellos vinculados con las obras que pretenden transformar al Sistema de Transporte Colectivo Metro de cara al Mundial de Futbol de 2026.
Documentos obtenidos por esta columna muestran que el organismo dirigido por Adrián Rubalcava adjudicó recientemente el contrato STC-GACS-CNCS-055/2026 a la ya conocida y polémica empresa DR México SA de CV para la instalación de puertas automáticas en 19 estaciones de la Línea 2 y en la estación Universidad de la Línea 3. El monto asciende a 130 millones de pesos y contempla sustituir los tradicionales torniquetes por pasillos motorizados de acceso.
La empresa de Romita deberá concluir los trabajos a más tardar el 30 de junio próximo. El problema es que esa fecha se ubica después del arranque del Mundial y contradice el compromiso público realizado por el propio Rubalcava, quien aseguró que las principales obras de modernización estarían listas para el 10 de junio, un día antes de la inauguración del torneo. Todo apunta a que las intervenciones en el Metro continuarán cuando ya se encuentren en marcha los partidos y la llegada masiva de visitantes a la capital.
Según la justificación oficial, los nuevos sistemas permitirán mejorar la experiencia de viaje, facilitar el acceso de personas con discapacidad y reducir incidentes relacionados con el ingreso de animales en situación de calle a las instalaciones.
La documentación consultada indica que el Metro solicitó cotizaciones a otras dos empresas tecnológicas, Disitrek y Operadora Mercantil Segmed. Ambas declinaron participar en el procedimiento. El resultado fue una asignación prácticamente sin competencia para DR México, que volvió a quedarse con un contrato relevante financiado con recursos públicos.
Los fondos corresponden al convenio de apoyo financiero federal otorgado al Sistema de Transporte Colectivo mediante el Fideicomiso Público Número 1936 del Fondo Nacional de Infraestructura, para el proyecto denominado “Pasillos Motorizados y Torniquetes”. La partida presupuestal utilizada es la 357.
La participación de recursos federales ayuda a entender por qué el empresario favorito de José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, también aparece cada vez con mayor frecuencia en los proyectos estratégicos de la Ciudad de México. Apenas en 2025, DR México recibió un contrato cercano a los mil 200 millones de pesos para el Servicio Integral para la Identificación Biométrica, sin una licitación pública de por medio. Desde entonces, la empresa ha acumulado presencia en distintos proyectos tecnológicos impulsados por gobiernos emanados de Morena.
La expansión de los negocios de Romita coincide con una creciente concentración de contratos públicos en un reducido grupo de proveedores que se han convertido en habituales de las adjudicaciones federales y locales. El caso del Metro parece seguir la misma ruta.
Por otro lado, a Adrián Rubalcava continúan acumulándosele los señalamientos. La semana pasada Latinus reveló la asignación de más de 100 millones de pesos para trabajos de remodelación a una empresa que lo acompañó desde sus tiempos al frente de la alcaldía Cuajimalpa. Se trata de INDHR, responsable de obras en estaciones como Hidalgo, Viaducto y Bellas Artes, y cuyo nombre comienza también a repetirse en los proyectos relacionados con el Mundial.
Más allá de las polémicas contractuales, la documentación revisada confirma algo que en el gobierno capitalino prefieren minimizar: que la Ciudad de México no llegará al arranque de la Copa del Mundo con las obras de transporte concluidas. Las fechas comprometidas ya no coinciden con los calendarios de ejecución y varios de los proyectos continúan avanzando a marchas forzadas.
El Mundial representa una oportunidad única para proyectar una imagen de modernidad y eficiencia. Sin embargo, los retrasos, las adjudicaciones recurrentes y la concentración de contratos en determinados proveedores amenazan con convertir esa vitrina internacional en un escaparate de improvisación. A juzgar por los tiempos oficiales, los aficionados encontrarán una ciudad en obras cuando comience el torneo. Esa es la realidad que reflejan los contratos y las obras.
Posdata 1
El acto de Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución fue una respuesta frente a las presiones de Estados Unidos. La presidenta dedicó buena parte de su discurso a responder al gobierno de Donald Trump en medio de la crisis detonada por las acusaciones del Departamento de Justicia contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos. “México no es piñata de nadie”, repitió, para después afirmar que es “legítimo dudar” de las intenciones de Washington y lanzó una de las preguntas que marcarán un antes y un después en la relación bilateral: “¿Acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?”. “No son preguntas retóricas”, agregó.
Ni Sheinbaum ni su antecesor, López Obrador, habían planteado de manera tan abierta la posibilidad de una intervención política estadounidense en los procesos electorales de México ni habían elevado a ese grado el tono de los mensajes. Por eso lo de este domingo es paradigmático y anticipa más desencuentros de pronóstico reservado.
Sheinbaum sostuvo que cuando desde el exterior se pretende determinar quién es culpable y quién no, o se busca presionar a las instituciones mexicanas, ya no se trata de cooperación sino de injerencia. “México no acepta injerencias”, disparó. También habló de una campaña impulsada por sectores conservadores nacionales y estadounidenses para desestabilizar a su gobierno y a la Cuarta Transformación. Fue un intento de “vacunarse” contra lo que pueda venir, principalmente de Estados Unidos.
Así que la narrativa presidencial dejó de ser la de una diferencia diplomática con Estados Unidos para convertirse en una confrontación política sustentada en la defensa de la soberanía nacional. El problema es que ya no es solo un asunto político, sino de fiscales federales, jueces y testigos colaboradores en Estados Unidos.
La prueba de fuego para el discurso presidencial podría llegar este mismo lunes, cuando comparecerá ante una corte federal de Nueva York Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa y uno de los exfuncionarios cercanos a Rocha Moya que decidió entregarse a las autoridades estadounidenses. La audiencia podría ser procesal, pero también podría abrir la puerta a nuevos documentos o información adicional sobre la investigación. Si algo de eso ocurre, el discurso pronunciado este domingo podría interpretarse como la primera respuesta formal del gobierno mexicano ante una ofensiva judicial que sigue escalando. No hay duda que el gobierno de Sheinbaum enfrenta una de las crisis más difíciles en la relación con EU. A ver cómo le sale la apuesta.
Posdata 2
Mientras buena parte de la atención pública se ha concentrado en los litigios familiares que rodean a Grupo Zeta, un expediente abierto en Jalisco comenzó a generar ruido. En mayo pasado, un juez libró órdenes de aprehensión contra Jesús y Georgina Zaragoza, así como contra personas vinculadas a su entorno empresarial por presuntos delitos de fraude procesal y administración fraudulenta relacionados con diversas compañías gaseras. El caso adquiere relevancia en medio de una disputa patrimonial que, según fuentes cercanas al conflicto, llegó a incluir en el más reciente intento de negociación una exigencia de 300 millones de dólares y la entrega de empresas gaseras en distintas regiones del país. No es la primera vez que aparecen cifras de esa magnitud, pues a lo largo de los años también se han planteado reclamos que han alcanzado los 2 mil millones de dólares.
Algunos de los señalados son los mismos integrantes de la familia que, desde hace años, encabezan la ofensiva judicial para disputar activos, empresas y patrimonio de su padre, Miguel Zaragoza Fuentes, fundador de Grupo Zeta. Lo que comenzó como una controversia familiar por el control de bienes y compañías terminó convertido en una batalla que se libra simultáneamente en juzgados familiares, mercantiles, civiles y penales de distintas entidades del país.
Todo indica que quienes han impulsado parte de esta estrategia patrimonial ahora enfrentan investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas a las mismas empresas en disputa. ¿Cuánto de esta historia tiene que ver con la búsqueda de justicia y cuánto con la intención de utilizar tribunales, fiscalías y juzgados para intentar quedarse con el control de un imperio empresarial?
Posdata 3
La educación superior privada en México acaba de recibir un voto de confianza de uno de los principales brazos financieros del Banco Interamericano de Desarrollo. BID Invest decidió apostar por uno de los grupos universitarios privados de mayor crecimiento en el país: Lottus Education, al que le inyectará una inversión de capital de 200 millones de pesos como parte de una ronda encabezada por Kans Capital. La operación busca fortalecer un modelo que combina educación presencial con herramientas tecnológicas para ampliar el acceso a estudios superiores a sectores que tradicionalmente han tenido menos oportunidades.
Y es que a pesar de que la matrícula universitaria ha crecido en los últimos años, México continúa por debajo de los niveles de educación superior observados en los países de la OCDE y mantiene profundas brechas de acceso asociadas al nivel socioeconómico. El diagnóstico compartido por BID Invest y Lottus apunta a un problema estructural: la falta de capital humano especializado se ha convertido en uno de los principales obstáculos para elevar la productividad y aprovechar fenómenos como el nearshoring y la relocalización de inversiones.
Además del financiamiento, el organismo multilateral participará en el diseño de una estrategia para ampliar el acceso educativo mediante programas de becas basados en vulnerabilidad económica y mérito académico. También acompañará el fortalecimiento de prácticas de gobierno corporativo y estándares ambientales y sociales, una señal de que los inversionistas internacionales ya no evalúan únicamente indicadores financieros, sino también la capacidad institucional de las organizaciones para generar impacto de largo plazo.
El BID Invest identificó en la educación superior un sector con potencial para generar movilidad social y crecimiento sostenible. Este tipo de inversiones busca cerrar una brecha histórica que ni las universidades públicas ni las privadas han conseguido resolver por completo.
Lottus Education es una plataforma líder de consolidación de educación superior en México, impulsada por tecnología fundada en 2015. A través de sus marcas operativas, ofrece programas y servicios educativos de nivel medio superior, licenciatura y posgrado, tanto en modalidad en línea como presencial en México. Tiene más de 90 mil estudiantes matriculados, incluyendo más de 35 mil estudiantes digitales a nivel nacional.
@MarioMal