Rafael Zaga Tawil fue detenido en Florida por autoridades migratorias. El empresario está bajo custodia del ICE en el Glades County Detention Center, en la jurisdicción de Miami. Desde ahí pelea su liberación en una corte federal. Mientras tanto en México se le persigue por el presunto fraude al Infonavit, estimado en más de 5 mil millones de pesos, por lo que tiene una orden de aprehensión vigente.
La defensa de Zaga Tawil promovió un habeas corpus ante la Corte Federal del Sur de Florida para impugnar la detención. El expediente quedó en manos de la jueza Beth Bloom, quien pidió a las autoridades justificar el arresto y ordenó que no sea removido del distrito mientras se resuelve.
El trasfondo está en México. La Fiscalía General de la República mantiene órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono por el caso Telra-Infonavit. El expediente tiene que ver con la indemnización superior a 5 mil millones de pesos que el instituto pagó a Telra Realty tras la cancelación anticipada de un contrato de movilidad hipotecaria. Para la FGR, se trató de un esquema fraudulento que derivó en un desfalco al organismo.
Durante años, los Zaga lograron frenar las acciones penales mediante amparos. Hubo momentos en que las órdenes de captura fueron revocadas. La historia cambió en 2024 con nuevos elementos que permitieron reactivar las acusaciones. Desde entonces, la acusación oficial apunta a una red financiera diseñada para dispersar los recursos.
Desde agosto de 2024 se dieron a conocer en esta columna el uso de fideicomisos y estructuras financieras en el extranjero. Entre los vehículos señalados aparecen Zahan Trust y Rejavis Trust, junto con la fiduciaria Trident Trust Company. Según las indagatorias, esos instrumentos canalizaron recursos hacia instituciones como JP Morgan, UBS y Safra Bank, presuntamente a nombre de familiares y operadores cercanos como Jenny Hanono. Esa ingeniería financiera habría permitido mover capitales con bajo nivel de exposición.
La vida en Estados Unidos también forma parte del expediente. Registros inmobiliarios acreditan la compra de propiedades de alto valor en Florida, en zonas como Sunny Isles Beach. En desarrollos como Acqualina, un departamento ronda los 4 millones de dólares. Tal evidencia patrimonial contrasta con la defensa legal de los implicados, que argumentan que no hubo tal desfalco al Infonavit.
El caso tiene además un capítulo previo. Teófilo Zaga Tawil, hermano de Rafael, fue detenido en México en abril de 2022. Permaneció en prisión preventiva en el Altiplano hasta que obtuvo su libertad con medidas cautelares tras cambios en criterios judiciales. Salió con brazalete electrónico y la prohibición de abandonar el país. Tras el pago de una garantía de 4 millones de pesos, su proceso sigue abierto por defraudación fiscal y por el mismo caso Telra-Infonavit.
Ese caso evidenció las grietas del sistema judicial. Con su liberación, ninguno de los principales implicados quedó en prisión. Algunos exfuncionarios del Infonavit obtuvieron criterios de oportunidad y pasaron a ser testigos colaboradores.
El dinero salió del Infonavit hacia Telra Realty entre 2017 y 2018 por un total de 5 mil 88 millones de pesos, bajo un esquema de indemnización que después fue cuestionado por la ASF y la FGR. De ese monto, solo está confirmado el retorno de alrededor de 2 mil millones. El resto sigue sin recuperarse.
Según la UIF y la FGR, la ruta del dinero faltante apunta a una dispersión a través de empresas vinculadas a los Zaga, transferencias internacionales y fideicomisos, además de inversiones en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. No existe, en registros públicos, una trazabilidad completa que cierre el destino final de los recursos.
Posdata 1
El problema con las detenciones de personajes de alto perfil por parte del ICE es que no suelen derivar en procesos de expulsión o extradición a México, pese a enfrentar cargos en el país.
Un caso reciente es el del empresario mexicano relacionado a esquemas de outsourcing y presunta defraudación fiscal, Víctor Manuel Álvarez Puga, que fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en Miami por agentes del ICE, también por una violación a su estatus migratorio en Estados Unidos.
El expediente federal que se abrió en Florida para impugnar su detención, el 1:25-cv-24535-CIV-ALTONAGA, fue presentado el 2 de octubre y quedó terminado el 15 de octubre de 2025, cuando la jueza Cecilia M. Altonaga resolvió que su detención debía tramitarse bajo el régimen de 8 U.S.C. § 1226(a), es decir, con derecho a una audiencia individualizada de fianza o, en su defecto, a la liberación. Desde entonces no hay nuevas actuaciones públicas en ese expediente federal.
El dato central es que el litigio ya no está en la corte federal, sino en la vía migratoria, que es mucho más opaca. La propia resolución judicial recoge la ruta que hoy usa ICE para sostener que su última admisión fue irregular: Álvarez Puga entró a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con visa de no inmigrante, salió a Bahamas el 9 de julio de 2021 y reingresó a territorio estadounidense el 10 de julio por vía marítima, no por la ruta aérea inicialmente prevista. Esa secuencia es una de las bases del pleito migratorio que lo mantiene bajo custodia.
Por su parte, en México la FGR informó públicamente que tiene dos órdenes de captura vigentes contra el empresario y que ya pidió su detención provisional con fines de extradición. La fiscalía también sostuvo que un juez migratorio estadounidense determinó su deportación el 17 de octubre, que sus abogados impugnaron esa resolución y que la autoridad estadounidense se pronunciaría después sobre ese recurso. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa ruta cuando dijo que “la idea es que se envíe a México”.
La acusación mexicana sigue siendo que Álvarez Puga encabezó una red de facturación y triangulación de recursos que desvió alrededor de 3 mil millones de pesos de contratos de la Secretaría de Gobernación, con imputaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal.
Posdata 2
La presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a hacer ajustes en el SAT y ya colocó a una persona de su círculo cercano en el segundo cargo más relevante del organismo. Jennifer Krystel Castillo Madrid asumirá el 1 de mayo la Administración General de Grandes Contribuyentes, el área que concentra la fiscalización de las empresas más grandes del país y los litigios de mayor monto. Sustituye a Armando Ramírez Sánchez, quien permanece en la institución.
El nombramiento es de la mayor relevancia. La funcionaria formó parte del equipo de Sheinbaum en el Gobierno de la Ciudad de México y después se integró al grupo de su entonces secretaria de Finanzas y hoy titular de Energía, Luz Elena González. Ese trayecto político-administrativo explica su llegada a una posición estratégica en el SAT.
Castillo Madrid es abogada por el ITAM, con maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación, y estudios en contratos, derecho tributario, finanzas y auditoría legal. Fue directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX entre 2019 y 2024 y recientemente encabezó la Unidad de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Energía. También tuvo cargos en la Oficialía Mayor y en áreas de transparencia en el gobierno capitalino.
Posdata 3
La acción de Grupo Herdez tuvo este lunes una pronunciada caída en la Bolsa Mexicana de Valores y borró en una sola jornada 4 mil 478 millones de pesos de valor de capitalización. El movimiento se detonó tras el anuncio de una asociación estratégica con Froneri International Limited, una de las mayores compañías de helados del mundo, con sede en Reino Unido, que asumirá el control operativo del negocio que Herdez opera bajo licencia de Nestlé desde 2015. El acuerdo establece una participación de 50% para cada socio en el negocio en México. El mercado leyó la operación con cautela, en medio además del ruido legal que enfrenta la emisora.
En ese frente jurídico, documentos judiciales muestran que un Tribunal Colegiado otorgó un amparo a un exdirectivo en un litigio laboral de larga data y, en su análisis, sostuvo que quedó acreditado el vínculo laboral con empresas del grupo, al considerar que ejercía actos de dirección. A ello se suman comunicaciones internas donde se instruye la entrega del puesto y se hace referencia a negociaciones de terminación de contrato. Son elementos que apuntan a una relación laboral efectiva y que explican por qué el caso escaló en complejidad.
La empresa y versiones de sus abogados sostienen que se trata de un fraude procesal y que existen investigaciones en curso en la vía penal. Esa disputa de narrativas es la que hoy pesa en la valuación. Herdez mantiene una posición financiera sólida, con ingresos por arriba de los 38 mil millones de pesos y control accionario concentrado, pero también con una base laboral relevante y obligaciones por beneficios definidos que no son marginales.
@MarioMal
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