Tal vez cuando la ex embajadora Josefa González le respondió a Ebrard que cuidaría a su hijo como una madre, se refería precisamente a eso: que todo el aparato del Estado estaría a su favor. Porque hoy parece ser que ser madre en México implica una carga adicional que nadie eligió: la de sustituir al Estado en sus obligaciones más elementales. No por vocación, por su abandono.
El Estado se niega a reconocer que son las personas cuidadoras (en su aplastante mayoría mujeres) quienes sostienen la economía del país. No ha implementado un sistema de cuidados que alivie su trabajo no remunerado, invisibilizado y sistemáticamente ignorado y encima, les endosan las obligaciones de la procuración de justicia y la investigación de delitos.
Fue la familia de Edith Guadalupe quien investigó y dio con su paradero. Si no hubiera sido por la negligencia de la Fiscalía de la Ciudad de México, y su grotesca corrupción, tal vez la habrían encontrado viva. La rabia de su madre, el dolor de su padre y la indignación de su tía es la historia compartida de miles de familias mexicanas que siguen esperando justicia. No pronta, no expedita. Sobras de justicia. Esa que se empieza a "movilizar" 72 horas después, cuando ya es demasiado tarde para todo menos para las conferencias de prensa y el boletín informativo.
Fueron las madres buscadoras quienes capacitaron a policías de investigación en la Ciudad de México para rastrear personas desaparecidas: les enseñaron cómo salir al campo, qué técnicas usar, dónde buscar. Como si el Estado fuera el aprendiz y el dolor, el único maestro eficiente que le queda a este país. Fueron las madres quienes encontraron más restos humanos en Teuchitlán la semana pasada, a más de un año después de que la fiscalía hubiera "intervenido" el lugar. Sin presupuesto institucional, sin personal, sin el aparato del Estado: fueron las madres. Siempre son las madres.
Precisamente la Constitución obliga al Estado a prevenir las violaciones de Derechos Humanos, en otras palabras, evitar el “hubiera” aparecido viva. Pero el hubiera no existe, y no existirá mientras el Estado siga creyendo que con constitucionalismos mágicos, slogans vacíos como "llegamos todas" o la coartada eterna de echarle la culpa a las administraciones anteriores, se cierra la herida más abierta de este país. Mientras no haya un diagnóstico serio, políticas públicas de largo aliento que trasciendan sexenios y voluntad política que no se evapore en el siguiente ciclo electoral, la justicia que merecen las víctimas seguirá reduciéndose a un "condenamos enérgicamente", la frase más barata y vacía del diccionario gubernamental.
La semana pasada, el Senado aprobó la reforma constitucional que le faculta para expedir una Ley General en materia de feminicidio. Aplaudieron. Se llenaron la boca de elogios mutuos. ¿Qué celebran, exactamente? México ya tiene una de las legislaciones más robustas de América Latina en materia de derechos de las mujeres. El problema nunca estuvo en la letra de la ley: está en el abismo entre esa letra y su implementación efectiva.
Por más que incrementen las penas, por más que incorporen lenguaje incluyente y perspectiva de género en cada artículo, la justicia no llegará mientras no se reforme estructuralmente a las fiscalías. Y no se trata de una reforma vista únicamente desde su aspecto legal, se necesita de una reforma cultural, operativa y, sobre todo, de una política de cero impunidad: no sólo contra quien desaparece o quien comete un feminicidio, sino contra el servidor público que decidió no actuar, o cuya gran aportación fue pedir "un impulso procesal".
Si las fiscalías siguen repletas de personal becado que cobra por calentar una silla, que no tiene ningún incentivo para resolver ni ninguna consecuencia por no hacerlo, entonces el Estado no está fallando: está eligiendo fallar. Y mientras el Estado elige, las madres buscan. Con las manos, con el miedo, con la rabia. Sin sueldo, sin reconocimiento y sin que nadie les devuelva lo que les arrebataron.
Carol Hanisch señaló en el siglo pasado que lo personal es político. El político mexicano lo leyó al revés: decidió que quien vive lo personal es quien debe resolver lo político. Y así, sin decreto, sin partida presupuestal y sin que nadie lo votara, las madres de este país se convirtieron en el Estado que el Estado no quiso ser.
PD. Si la pluma se lee con rabia, es porque el tema lo exige. Y porque alguien tiene que decirlo.
Abogada especializada en Derechos Humanos por la UNAM y Maestra en políticas públicas por la Universidad de Oxford. @DeLucioMariana.