El próximo lunes 13 de abril, después del periodo vacacional de Semana Santa, regresan a clases 23.4 millones de estudiantes y 1.2 millones de maestras y maestros de educación básica, quienes inician el último trimestre del ciclo escolar 2025-2026. Para Mario Delgado será el cierre de su segundo ciclo escolar al frente de la Secretaría de Educación Pública. En este escenario, el 6 de abril se anunció la inversión de 350 mil millones de pesos para la mejora de infraestructura educativa y la construcción de nuevas escuelas en todos los niveles académicos, lo cual se suma a los 160 mil millones de pesos que se destinan a becas estudiantiles e incrementos salariales durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum (Gómez, “Van 350 mdp para educación”, EL UNIVERSAL 07/04/26).
Sin embargo, a pesar del entusiasmo que le genera a la Presidenta dicho incremento, es preciso dimensionar ¿de cuánto es la inversión que las escuelas públicas requieren? Recordemos que por casi cuatro décadas la asignación del gasto público estuvo condicionado a los esquemas de evaluación, generando un deterioro y malas condiciones de la infraestructura educativa; así como el estancamiento en la construcción de nuevos establecimientos, especialmente en educación superior.
A pesar de los esfuerzos por incrementar la inversión educativa, el gasto en educación es insuficiente, y no ha podido resolver los problemas más apremiantes del sistema educativo. Según datos de la Casa del Obrero Socialista Antonio Vital (COSAV) en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el gasto educativo tiene un incremento en términos reales, pero en el mismo se incluye el presupuesto de los apoyos sociales a estudiantes, y se destina una parte importante a garantizar la matrícula en nivel medio superior, y superior, atendiendo los proyectos emblemáticos del sexenio.
Invertir 350 mil millones de pesos de 2026 a 2030 como acto de justica para atender las más de 220,234 escuelas públicas de nuestro país (que apenas reciben el 4% del presupuesto asignado en educación) representa una tarea importante, especialmente frente a las condiciones precarias y de abandono en las que se encuentran.
La gran interrogante sobre la mejora de infraestructura y construcción de nuevas escuelas es ¿desde dónde se situará el secretario de Educación para promoverlo? No olvidemos que la educación es un terreno de disputa donde el ejercicio de la hegemonía es fundamental para mantener el poder (Arriaga, M; “Una barricada político-pedagógica”, EL UNIVERSAL 10/05/25), en ese sentido, la estructura del gasto público y su ejecución se convierten en una forma de control y disputa por la hegemonía educativa. Por ello, es indispensable que las y los docentes, estudiantes y comunidad escolar opinen sobre la ruta a seguir para su mejora, que participen y definan las necesidades de sus escuelas.
En la capacidad de acción para el ejercicio del gasto público se expresan relaciones de poder que buscan controlar a quienes se encuentran dentro de la disputa. Más presupuesto no se traduce en mejoras para la educación pública, especialmente cuando se deja de lado la demanda del magisterio de dignificar sus condiciones laborales y un nuevo sistema de pensiones.
Las luchas históricas por la defensa de la escuela pública reivindican la necesidad de espacios dignos para las infancias y juventudes en el cumplimiento de su derecho a la educación, sin abandonar las demandas de los derechos laborales.
Profesora de la Facultad de Economía, UNAM, e integrante del Centro de Análisis de Coyuntura, Económica, Política y Social (CACEPS), caceps@gmail.com