Las elecciones de 2018 fueron reconocidas, no sólo por su importancia y la masiva participación de votantes, sino también por ser las más mortíferas en la historia del país. Según un informe de la consultora Etellekt, la campaña política registró un saldo de 152 políticos asesinados; de los cuales, 48 era precandidatos y candidatos. En esos meses, hubo 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos; de éstos, 185 fueron dirigidas a mujeres: amenazas, agresiones físicas, asaltos con violencia, secuestro y asesinatos.
Esto marcó al país, dejando una estela de miedo para cualquier persona que quiera ser parte del escenario político, particularmente en el nivel local. También son ataques a la democracia, ya que ponen en riesgo la celebración de comicios, e infunden miedo a los ciudadanos inhibiéndolos que salgan a votar. Lamentablemente, toda la evidencia indica que, en este periodo electoral, la violencia aumentará. Desde el inicio del periodo electoral en septiembre de 2020 hasta finales de febrero, se han asesinado a 66 políticos.
¿Quién los mata y por qué? Normalmente, se apunta hacia grupos criminales, que buscan posiciones que faciliten información, dinero o fuerza a través de las policías locales, y también buscan cooptar las finanzas y las obras públicas del municipio. Sin embargo, también los matan por rencillas personales, por problemas comunitarios, por luchas de poder, por eliminar adversarios… La lista de motivos puede ser muy extensa, pero queda claro que los matan porque pueden. Con el nivel de impunidad en el país, los asesinatos no tienen consecuencias.
Como decíamos, la violencia política también tiene un tinte de género. Las mujeres suelen ser más vulnerables a enfrentarse a campañas de desprestigio. Según el Instituto Nacional Electoral (INE), el proceso electoral comenzó con más de 40 denuncias de este tipo de violencia política, en 11 estados de los 15 que disputarán una gubernatura en las elecciones del próximo 6 de junio. Un ejemplo vergonzoso de esto sucedió en Quintana Roo, donde tres funcionarios de Isla Mujeres repartieron volantes en los que se promocionaba sexo-servicio con el número telefónico de Atenea Gómez Ricalde, precandidata del PAN a diputada local. Esto es un reflejo de la violencia machista en un país donde persiste la discriminación hacia las mujeres para mantenerlas fuera de la esfera pública.
Para mitigar este panorama de violencia se requieren acciones concretas, que partan de un análisis para el diseño de agendas de riesgo. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, presentó una estrategia para proteger a candidatos y aspirantes que incluye reforzar la seguridad en localidades de alto riesgo; brindar protección a quienes han sufrido de amenazas; la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes; y la evaluación semanal de la estrategia. Esas son buenas noticias para la democracia. Debieron haber implementado una estrategia desde meses atrás. Lamentablemente esto no sucedió porque Alfonso Durazo no sabía o no quiso o ambas.
Lo que nos falta por saber es el cómo se planea ejecutar la estrategia, dado que no hay un rol claro de la Guardia Nacional en el ámbito local, y no se cuenta con una fuerte presencia de policías municipales, debido al descuido que han sufrido en los últimos años. Una cosa es diseñarlay la otra implementarla sin contar con la fuerza operativa necesaria.
Detener las agresiones y asesinatos de actores políticos, no puede partir sólo de acciones emergentes. Es imperante que verdaderamente se invierta en la seguridad del país, no sólo en periodo de elecciones, sino cada día del año para prevenir y atender la violencia política, para poner suelo parejo a todas las personas que busquen una candidatura, pero, sobre todo, para proteger la democracia del país.
(Colaboró Susana Donaire)
