Tiempos negros

María Elena Morera

 El 1 de octubre se discutió en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la constitucionalidad o no de una consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para determinar si se investiga y somete a juicio a los expresidentes. De manera inesperada, la Corte decidió por mayoría que dicha consulta sí es constitucional,  aun cuando la mayoría de los expertos constitucionalistas coincidieran en que una consulta de este tipo, no sólo no es necesaria para proceder legalmente contra cualquiera, siempre y cuando se cuente con elementos suficientes, sino que resultaría violatoria de derechos humanos, al violar el debido proceso y la presunción de inocencia.

El presidente López Obrador había dicho que al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Le faltó explicarnos que en realidad se refería a “casi nada” y “casi nadie”. Como ya queda muy claro, no hay nada por encima de la prioridad electoral, y si se requiere circo, circo hay, si se requiere   vulnerar derechos, se vulneraran o se hará todo lo que sea necesario para mantener la atención fuera de los problemas de seguridad, salud y economía.

El golpe que desde fuera y desde dentro se ha dado al Poder Judicial y al Estado de derecho forma parte de una larga cadena de ataques contra cualquier institución o persona que pudiera oponerse, o simplemente disentir frente al presidente y su gobierno. Recordemos que, para promover esta consulta aberrante, no se esgrimieron argumentos jurídicos. Se agravió  a los ministros, diciendo que no han hecho nada por México.

Se dijó  que la ley se tendrá que subordinar a la idea de justicia que tiene una sola persona. Se amenazó con consultas, no para promover participación democrática, sino para azuzar con linchamientos. Ante la política de la humillación, se extraña la unanimidad de todos los ministros, cuya primera obligación es defender la ley y la dignidad del Poder Judicial . Sin la Suprema Corte de Justicia ¿qué le queda al país?

No se requiere mayor análisis para entender lo que sucede. Se trata de imponer una voluntad por encima de cualquier otra consideración, ignorando nuestra diversidad, burlándose de nuestra pluralidad. Será muy difícil cerrar la puerta que hoy se abrió desde dentro de la Suprema Corte, pero resulta imposible llamarse a engaño, cuando las palabras “justicia” y “pueblo”, se vacían de significado y se utilizan desde el poder como un simple trámite para impulsar su opuesto, una definición antidemocrática, empeñada en fracturar al país en función de quién se le subordina y quién resiste.

Esta definición autoritaria se ha expresado de múltiples maneras, destruyendo órganos autónomos, devorando presupuestos, amenazando a diestra y siniestra, y también militarizando al país a extremos que colocan a nivel de ingenuidad cualquier escenario que se hubiera planteado al inicio del gobierno. Y para defender esta militarización desbordada, ya se enfilan las baterías (oh sorpresa, desde la Suprema Corte), para invalidar la controversia constitucional que presentó la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en contra del Acuerdo presidencial que arraiga la participación militar en seguridad pública, sin cumplir con ningunas de las condicionantes establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria).

Si se pierde el respeto a la Constitución, se debilita al Estado y se abren escenarios políticos cada vez más peligrosos, en los que reinen los caprichos por encima de las leyes. Ahora, a las crisis económica, de salud y de inseguridad, se perfila ya una crisis política, resultado de un ataque frontal contra la división de poderes y contra la democracia. No hay de otra, desde la sociedad tendrán que generarse los contrapesos, las propuestas y las acciones que la ley permita para frenar el declive en el que hoy nos embarcan con singular entusiasmo e irresponsabilidad.

Colaboró Raúl Rosales Ochoa.

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