A siete años de Ayotzinapa

María Elena Morera

El próximo 26 de septiembre se cumplen siete años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero. Los hechos ocurrieron durante el 26 y el 27 de septiembre de 2014, cuando estudiantes que pretendían dirigirse a la Ciudad de México para participar en la conmemoración de la matanza del 2 de octubre, fueron atacados por policías y hombres armados. Producto de las agresiones resultaron al menos 40 personas heridas, seis asesinadas y la desaparición de los normalistas. La gravedad del suceso ha trascendido la indignación nacional, llegando incluso a instancias internacionales y a considerarse como una de las más graves violaciones a derechos humanos en México.

La ira y el descontento social se reflejó en los cientos de estudiantes y ciudadanos que salieron en una gran cantidad de marchas en la Ciudad de México y otros lugares del país. Las consignas y la opinión pública se dirigieron a culpar al Estado, al entonces gobierno de Enrique Peña Nieto y a exigir justicia y el esclarecimiento del paradero de los normalistas. El caso marcó al último gobierno priísta y le generó un alto costo político que lo persiguió todo su sexenio, no solo por la culpabilidad que se le señalaba sino también por la falta de interés y sensibilidad que mostró ante el suceso.

En el 2015, Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, aseguró que “la verdad histórica” fue que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y arrojados al río San Juan; declaración que, desde el primer día, fue cuestionada. Conociendo la importancia de este tema que ha quedado como una herida nacional y utilizándolo políticamente, López Obrador se comprometió a encontrar a los normalistas y creó la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa y ha reiterado que en esta administración no habrá impunidad, se castigará a los responsables sean quien sean y se cumplirá el compromiso de búsqueda de los jóvenes. Sin embargo, los avances más significativos del caso son la identificación de tres estudiantes y 80 personas detenidas entre las que están integrantes del Cartel Guerreros Unidos, de las fuerzas armadas y de seguridad, autoridades y funcionarios públicos. A siete años de la desaparición de los normalistas, sigue sin saberse qué sucedió, no hay verdad, no hay justicia y las masacres continúan.

En efecto, pese al discurso del gobierno en turno, en el sentido de que ya no hay masacres, las desgracias, la violación a derechos humanos, la impunidad e injusticia continúan. Algunos ejemplos son la explosión de un ducto de PEMEX en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el 2019 que dejó un saldo de 137 muertos; aún se mantienen la opacidad en las investigaciones sobre la omisión de los servidores públicos encargados de la atención de la que inició como una fuga de combustible, a fin de proteger la integridad de las personas; o el suministro de un medicamento contaminado para hemodiálisis que dejó 14 personas muertas en el 2020 en el Hospital de PEMEX en Tabasco y que a la fecha continúa impune, contando con un solo detenido y algunos cesados de su cargo; o el más reciente, la inundación de un hospital del IMSS en Tula, Hidalgo el pasado 6 de septiembre, hecho en el que fallecieron 17 personas.

Son solo ejemplos entre cientos de negligencias e irresponsabilidades gravísimas, que parecen no importar ni al gobierno federal ni a los gobiernos locales, los cuales gastan más energía en evadir sus responsabilidades que en cumplirlas. ¿Acaso las víctimas de estas tragedias no merecen verdad y que se castigue a los culpables como se ha exigido en el caso de Ayotzinapa? La demanda de justicia debe seguir, por los 43 estudiantes y tambien por todas las víctimas de las negligencias en este gobierno, que siempre busca a los responsables de las tragedias, de las negligencias y la falta de coordinación en el pasado, en sus detractores, en los conservadores, pero nunca asume su responsabilidad.

(Colaboró Denisse Valdés)

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