El pasado miércoles volvió a sesionar el Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrándose “nuevos” acuerdos relativos a la seguridad, la procuración de justicia y el sistema penitenciario del país. ¿Qué es el Consejo y cuál es (o debería ser) su importancia? El Consejo es la instancia superior encargada de coordinar y definir las políticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y está integrado por todos los principales responsables de la seguridad y procuración de justicia en el país; es decir, por el presidente, los gobernadores, los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina, y por todos los secretarios estatales de seguridad, fiscales, y autoridades del sistema penitenciario.
Hasta ahí todo bien. El problema es que el Consejo no funciona. De hecho, existe un estudio realizado por Causa en Común en el que se demuestra que la totalidad de los acuerdos relativos al desarrollo policial de los últimos años no se han cumplido. Y no funciona porque muchos de los acuerdos no son pertinentes al desarrollo de nuestras instituciones, porque la mayoría son muy ambiguos, porque no establecen plazos para su realización, y porque tampoco existen sanciones por su incumplimiento.
Así las cosas, en días pasados el presidente presentó ante el Consejo un decálogo de puntos que supuestamente ayudarán a combatir la violencia. Lamentablemente, ninguno aborda de manera directa ni puntual los múltiples problemas que enfrentamos en materia de seguridad y procuración de justicia. Se trata de un listado de buenos deseos, como el de “mejorar el desempeño de las policías estatales, municipales y ampliar su número”, o “atacar las causas que originan la inseguridad y la violencia” o “mejorar los salarios y prestaciones de todo el personal que realiza labores de seguridad pública” o “tener ministerios públicos capacitados y honestos”.
A estos propósitos se suman 11 acuerdos, que tampoco abordan la crisis que enfrentamos con la seriedad que amerita. Algunos acuerdos relevantes son el relativo a la nueva fórmula del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), la cual no tiene sentido si continúan disminuyendo los recursos para la seguridad; la supuesta publicación de los planes de fortalecimiento de las policías estatales y municipales, hasta ahora inexplicablemente reservada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y la implementación de una supuesta Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones, cuyos alcances nos son aún desconocidos. Así las cosas.
El pasado Consejo nos confirma la dificultad para elaborar una estrategia real contra el crimen y la inseguridad, la ausencia de sustento empírico en nuestras definiciones de política pública, y la falta de seriedad en cualquier propósito dados los recortes presupuestales en boga. Nuevamente, la ocasión se devalúa al ser utilizada como plataforma política; como pretexto para la trivialización, al pretender que la asistencia a unas reuniones sea un indicador de cualquier cosa (si por reuniones fuera, ya habríamos resuelto el drama de nuestra inseguridad); como una coreografía desvinculada de la realidad y despreocupada por la angustia que padecen las y los mexicanos.
No nos cansaremos de recordar que la responsabilidad de nuestros gobernantes es trabajar para brindar paz y seguridad al país, y que todos ellos, sean del origen que sea, o del partido que sea, están obligados a presentar un frente común para cumplir con ese objetivo. Nunca fue tiempo para jugar políticamente con este drama. Tampoco hoy lo es. Debiera sobrar el recordatorio: no hay manera de ocultar la realidad, y menos una realidad tan pavorosa como la que asola a México. Por el bien de todos, ojalá nuestros gobernantes lo terminen de entender.
Presidenta de Causa en Común.
@MaElenaMorera
