En noviembre pasado, un policía municipal de Naucalpan que se encontraba hospitalizado por Covid-19 hizo un llamado al Ayuntamiento para que le depositaran su quincena. El oficial había sido internado desde el día 9 y dio a conocer que su esposa también se encontraba hospitalizada y en estado grave. En un video difundido en redes sociales, dijo que su situación económica era apremiante y no tenía un solo peso en su cuenta bancaria. Al esparcirse la noticia, la respuesta de las autoridades municipales fue que no se había realizado su depósito “por un error” del banco, pero que lo estaban tratando de solucionar.
Otro caso lamentable ha sido el de las viudas de policías que han fallecido por Covid-19 en la ciudad de Culiacán, quienes denunciaron que reciben sólo la mitad del monto que indica la ley porque la muerte de sus esposos es considerada por las autoridades como muerte natural. Como si fuera natural que los policías se contagiaran haciendo su trabajo sin suficiente protección. Así de indignante.
En efecto, las y los policías han mantenido sus actividades en la vía pública, pero sin las medidas necesarias para enfrentar el riesgo de contagio, sin atención médica adecuada ni protección para sus familias en caso de fallecimiento. Lamentablemente, no es algo que sorprenda. En trabajos realizados por Causa en Común se acreditan los bajos sueldos y prestaciones, la falta de equipo e infraestructura, y la falta de capacitación. Hay un común denominador entre la delincuencia y la pandemia, y es que nuestros policías las enfrentan con un muy deficiente apoyo institucional y con muy poco reconocimiento social.
Es tal la indolencia, que no existe un registro oficial de policías contagiados y fallecidos por Covid-19. Causa en Común también realiza un conteo semanal con base en reportes de prensa, y llevamos al menos 735 policías fallecidos. Desde luego, en el abandono también hay grados. El gobierno de Aguascalientes no ha reportado un solo caso de fallecimiento de policías por Covid-19; Baja California Sur, sólo ha registrado un fallecimiento; Nayarit ha reportado dos casos policías muertos por este motivo; Colima, tres; y Nuevo León y Tamaulipas, cuatro cada uno. Evidentemente, son datos absurdos. Esta situación, aunque dolorosa y terrible, tampoco sorprende. Si las autoridades ni siquiera llevan el registro de policías asesinado ¿cómo van a llevar el de muertos por la pandemia? Para quien le importe, al día que ayer habían asesinado al menos a 53 en lo que va del año y en los dos años de este gobierno, al menos a 1068 policías.
No hay que elaborar sobre el desempeño desastroso ante la crisis de inseguridad y la crisis de salud. Cuando se dice que han fallado ambas estrategias, se comete el error de suponer que existen estrategias. Lo único que ha hecho el gobierno federal es recortar presupuestos y, probablemente debido a su notoria ineptitud, incrementar subejercicios.
Es inmoral que el gobierno federal haya destruido las capacidades nacionales de vacunación, que eran motivo de elogio internacional. Es inmoral que ahora que se requieren más que nunca, el gobierno las subordine a su campaña política. Es indignante que se coloque a operadores electorales como la punta de lanza para salvar vidas, cuando son nuestros médicos y nuestras enfermeras los que deberían llevar la voz cantante.
Al igual que el personal médico, las y los policías que salen a diario a la calle merecen estar entre los grupos prioritarios para recibir la vacuna contra el Covid-19. En otras naciones, esta prioridad ni siquiera se discute, y aquí, en México, la emergencia es aún más obvia, dados los peligros que enfrentan por la criminalidad, y el ritmo de muertos y contagios por la pandemia. No nos cansaremos de insistir en que, al igual que el personal médico, se requiere un plan emergente para rescatar a nuestras policías. Tenemos que salvarlas. Es un deber ético y es un imperativo nacional.
(Colaboró Nadia Sanders)
