En estos días, el gobierno federal anunció que atenderá la emergencia que se vive en los 50 municipios que concentran el mayor porcentaje de homicidios en el país. Es la primera vez que López Obrador reconoce la violencia desbordada en estas localidades, aun cuando ésta lleva ya varios años. Aquí conviene recordar que, en 2016, el gobierno del presidente Peña Nieto implementó una supuesta estrategia de reacción y prevención del delito en los 50 municipios más violentos de ese momento, lista que no es tan diferente a la que hoy nos presentan.
En 2016, la supuesta estrategia se basó en la supuesta coordinación institucional para intensificar la presencia de las fuerzas de seguridad en zonas conflictivas, por medio de Bases de Operaciones Mixtas. Hoy como ayer, el tema no es la coordinación ni los mensajes conciliatorios al crimen organizado, sino cumplir con la responsabilidad que, por ley, tienen nuestros gobiernos; responsabilidad que abarca el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia, y el fortalecimiento de programas auténticamente sociales y para la prevención de la violencia. Además, y por encima de todo, la responsabilidad ineludible de enfrentar a bandas criminales que matan, secuestran y extorsionan.
El abandono de estas responsabilidades esenciales durante tantos años es lo que nos tiene donde estamos, con la inseguridad más grave desde que tenemos registros. Y el tema se agrava porque, durante este gobierno, no solo se ha emprendido una militarización a tope de la seguridad pública y de muchas otras funciones civiles, sino que se termina de destruir a las policías, empezando por la Policía Federal , y continuando con las policías locales, a las cuales ahora se les reduce o elimina todo tipo de apoyos. Es tal la miopía, que ya ni siquiera se disimula que no les importa el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con todas sus conferencias y procesos, diseñados para contar con políticas nacionales en materia de seguridad, procuración de justicia y sistema penitenciario.
Pero incluso en este contexto desastroso, ha habido esfuerzos locales dignos de elogio y aliento, como los realizados por las policías municipales en Escobedo, Nuevo León; en Orizaba, Veracruz, o en Ciudad Nezahualcóyotl. En Querétaro , también ha habido esfuerzos importantes para brindar mayor eficiencia a su policía, y lo mismo se puede decir de los esfuerzos que se realizan por parte de la policía de la Ciudad de México.
Sin embargo, se trata de esfuerzos aislados que se realizan a contracorriente de la destrucción institucional que promueve el gobierno federal. Resulta por demás absurdo que ahora salgan con el cuento de atender la inseguridad en esos 50 municipios, cuando son ellos los que han congelado los presupuestos para las policías estatales, cuando son ellos los que eliminaron el subsidio para la seguridad municipal ( Fortaseg ), y cuando son ellos los que han claudicado en su responsabilidad esencial de enfrentar al crimen.
Y tampoco, para colmo, es cierto que ahora sí se estén atendiendo las causas de la violencia. Primero, porque a las bandas criminales no les falta dinero, y se dedican a lo que se dedican porque pueden y porque los dejan. Y segundo, porque repartir cheques puede ser un apoyo, pero no es una política social; política social son escuelas, hospitales, programas de empleo; es decir, todo lo que hoy destruye este gobierno.
Hay que insistir en lo evidente, no es que tengamos una estrategia fallida; es que seguimos sin tener estrategia. De algo podemos estar seguros, el anuncio de la supuesta atención a los municipios abandonados, esos 50 y todos los demás, no le quitará el sueño a ningún delincuente.
(Colaboró Angélica Canjura)
