Es un hecho, en México se viven niveles de inseguridad nunca antes vistos. Los criminales muestran su poderío, mientras que el gobierno federal sigue sin mostrar una actitud firme contra los grupos criminales y sin señalar medidas específicas para combatir la inseguridad, al tiempo que sigue empeñado en dar más responsabilidades a las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con cifras oficiales, en los primeros 19 meses del presente gobierno se ha registrado el asesinato de 56,603 personas, incluidas 6,124 mujeres, y 1,898 niñas, niños y adolescentes. No sólo se ha reportado un número alarmante de homicidios dolosos, sino también de otros delitos de alto impacto. Por mencionar algunos crímenes, se han presentado 2,328 reportes por secuestro; 13,574 reportes por extorsiones; 323,481 carpetas de investigación por violencia familiar y 425,958 carpetas de investigación por robo con violencia.

En estos números se mezclan los crímenes generados por la propia sociedad y por la delincuencia organizada. Como ya mencionaba, el gobierno federal cree que por ignorar a esta última, el tema perderá importancia. Siguiendo la política del avestruz, la reacción ante los dos videos del autodenominado “Cártel Jalisco Nueva Generación” dejó mucho que desear. Ante el despliegue mostrado, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo habló de una simulación y señaló a través de un tuit que verificarían su autenticidad (como si la otra opción fuera que se trataba de vehículos de asalto y armas largas simuladas), y por otro lado, el presidente se repitió diciendo: “No a la guerra, sí a la paz. Nada de declarar la guerra. Eso no es solución: eso ya sabemos lo que ocasiona (…) no se va a caer en ninguna provocación”. Otra vez, perdió la oportunidad de emitir una condena firme, en esta ocasión, contra este grupo criminal, que por cierto, fue el que organizó el atentado contra el jefe de la policía de la Ciudad de México.

¿Eso tampoco fue una provocación? ¿Y el repliegue del gobierno, y sus permanentes mensajes de apaciguamiento, no constituyen una invitación para que las organizaciones criminales se sigan fortaleciendo, repartiendo despensas, extorsionando, y asesinando en una impunidad casi absoluta?

Irónicamente, aunque el gobierno federal dice que no quiere declarar la guerra, el hecho es que, la declare o no, su claudicación frente a su principal responsabilidad como gobierno, que es brindar seguridad a los ciudadanos, significa que seguimos rompiendo récords en cuanto asesinatos, y manteniendo niveles altísimos en otros delitos de alto impacto. Y entonces surge la duda de que, si la definición es replegarse y aceptar cualquier provocación, incluidos los atentados a servidores públicos de primer nivel en la capital del país… entonces, ¿para qué el afán de continuar militarizando, ya no sólo la seguridad pública, sino muchas otras áreas, que no le corresponden a las Fuerzas Armadas en ninguna democracia? ¿Y cómo entender, además, que un gobierno que insiste en autodenominarse progresista, no sólo amplíe y profundice esta militarización, sino que queme los puentes de una vía civil hacia la seguridad, al dejar a su suerte a las policías locales que hoy apenas sobreviven?

Quizá la explicación sea más obvia de lo que parece, y resulte que la inseguridad en realidad no le preocupa demasiado a este gobierno, como tampoco parece preocuparle demasiado la recesión económica, ni la salud de las mexicanas y los mexicanos. Quizá, la explicación sea simplemente electoral, y de lo que se trate es de construir una peculiar relación con las Fuerzas Armadas como parte de un proyecto político. Ojalá y no, pues el riesgo es evidente: que la inseguridad crezca o se mantenga en los inadmisibles actuales, que se responsabilice a las Fuerzas Armadas de un problema que no podrán resolver, que se rompa el equilibrio civil-militar, y que se siga jugando con la estabilidad del país. Ojalá y sean otras las intenciones, y otras las consecuencias.

Ya se ha perdido mucho tiempo con ocurrencias e improvisaciones. Es momento que el gobierno tome verdaderamente las riendas del combate a la inseguridad y a la violencia. Que gobierne para todas y todos y que proteja a las víctimas.

Colaboró Belem Barrera.

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