¿Cuál será la respuesta del gobierno de Estados Unidos ante las erráticas señales que México está enviando en materia de seguridad? Lo que es seguro, es que no se quedará inmóvil.
Esta pregunta es pertinente ante dos hechos que acapararon el debate público esta semana. El martes pasado, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, que se han convertido solo en una oficina de trámites de las iniciativas de la presidencia, aprobó las modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional.
Aunque el gobierno dijo que la reforma no llevaba destinatarios específicos, es evidente que, tras la detención del ex secretario de la defensa, Salvador Cienfuegos, los cambios están dirigidos a agencias estadounidenses, especialmente a la DEA.
Entre otras cosas, la reforma propone el registro de agencias extranjeras que se encuentren operando en territorio mexicano, así como su obligación a notificar, de manera regular, sobre aquellos hechos de los que tengan conocimiento y que estén relacionados con el desempeño de sus funciones. Además, en caso de que algún agente extranjero incurra en cohecho, se podrán anular convenios internacionales, eliminar la inmunidad diplomática, e incluso podrá ser juzgado en un tribunal mexicano.
Una cosa es la colaboración y otra, muy distinta, tratarlos de obligar a reportar todo lo que encuentran o investigan. Difícilmente alguna agencia extranjera rendirá informes sensibles, simplemente porque así lo establezca una ley, pues dichos intercambios son posibles a partir de la confianza entre gobiernos, agencias y funcionarios; confianza que además debe corroborarse mediante mecanismos y procesos institucionales, como son las unidades especializadas para el intercambio de información sensible.
Imaginemos por un momento que un familiar cercano ha sido forzado a entrar a una red internacional de trata de personas, ¿quisiera que esta información fuera abierta a un gobierno en el que no se ha podido controlar la corrupción? ¿a un gobierno que le hace más guiños amistosos al crimen organizado que a las víctimas? Lo que esta iniciativa aprobada va a provocar es que el país se llene de espías sin control.
Y esto sucederá porque el gobierno estadounidense, como a miles de mexicanos, le preocupa la creciente impunidad con la que opera el crimen organizado en México.
Si esto no fuera suficiente, también está el riesgo de que el próximo año avance la reforma a la Ley del Banco de México que se aprobó en el pleno del Senado, aunque a último minuto se aplazó en la Cámara de Diputados.
Especialistas financieros, incluyendo a los exgobernadores y el gobernador del Banco de México y personas cercanas al presidente como Santiago Nieto y Gerardo Esquivel; todos los bancos que operan en México, a excepción de Banco Azteca, han rechazado las reformas mostrando preocupación por el grave riesgo que implica.
Resulta evidente que la reforma a la Ley del Banco de México busca el sometimiento de este instituto central al Ejecutivo, una más de las embestidas del gobierno contra los organismos autónomos, vulnerando su autonomía y su confianza. Como consecuencia, se abre una puerta al lavado de dinero y a que eventualmente el Banco de México se convierta en la caja chica de facto del gobierno, pudiendo, por ejemplo, obligarlo a usar sus remesas para financiar el gasto.
Definitivamente, ambas reformas debilitan la confianza internacional hacia el país que aún no termina de construirse, y que se pone en riesgo a cada ocurrencia del gobierno federal y del Congreso. Además, nos obliga a preguntarnos ¿cuál es el fin último de estas iniciativas? ¿se está buscando abrirle las puertas traseras al crimen organizado? o ¿al presidente ya no le es suficiente polarizar al país y ahora busca que Joe Biden sea su nuevo enemigo imaginario?
@MaElenaMorera
