La ingobernabilidad a la vuelta de la caseta

María Elena Morera

La toma de casetas en diversas partes del país ha crecido exponencialmente durante este sexenio dejando evidencia de la incapacidad  del gobierno federal para satisfacer las demandas ciudadanas; para proteger a la población; para darle certeza a los productores y empresas que utilizan esta vía como transporte a sus mercancías  y para recuperar el control de los propios bienes y servicios del Estado.

Medios de comunicación revelaron que el fin de semana pasado, al menos 20 casetas fueron tomadas por manifestantes, pobladores, activistas y operadores de autobuses, quienes cobraron a los automovilistas por darles el paso. La toma de casetas se presentó en varias entidades, incluyendo el Estado de México y la Ciudad de México.

Esto no es un hecho aislado, el número de casetas tomadas y de pérdidas por este delito han aumentado de manera estratosférica en los últimos años. De acuerdo con una solicitud de información a CAPUFE recogida en medios, se reportaron 34 tomas de casetas en 2010, mientras que en el primer semestre de 2019, el número creció a ¡2,458! Igualmente, aumentaron las pérdidas: en 2010, se perdieron $5 MDP, mientas que, en los primeros seis meses de 2019, $1,360 MDP.

Las casetas suelen ser tomadas por organizaciones de campesinos, gremios, normalistas, activistas, policías comunitarios, pobladores, entre otros. Sus demandas para solicitar recursos van desde financiar movimientos u organizaciones, hasta hacer frente a la crisis económica. Pero también hay que decirlo, hay vivales que ven en la toma de casetas una forma de obtener recursos.  ¿Por qué lo hacen? Es simple, porque pueden y se los permiten.

Independientemente de la veracidad o validez de las demandas de quienes toman las casetas, las consecuencias negativas son múltiples. No se resuelven de fondo las demandas populares, pues el dinero recolectado no necesariamente se utiliza en los medios o personas que realmente lo necesitan. Se genera una pérdida de recursos económicos para los usuarios de las carreteras, que se ven obligados a dar dinero a quienes toman las casetas. Se genera un riesgo para la seguridad y salud de los usuarios de caminos, porque no reciben un comprobante de pago y no pueden ser cubiertos por los seguros. Se entorpece el traslado de bienes, servicios y personas, porque se retrasa la movilidad vehicular. Se producen daños, robos o ataques a operadores, vehículos y mercancías, pues, en ocasiones, quienes toman las casetas recurren a la violencia. Se genera incertidumbre y miedo en las personas que viajan con sus familias.

Ante este problema, desde inicios de este año, el gobierno federal anunció que se enviaría a la Guardia Nacional a recuperar las casetas tomadas y que se fomentaría el diálogo. Sin embargo, si bien los medios han detectado la presencia de este cuerpo en diversos puntos de peaje del país, en ocasiones éste no ha actuado para recuperar el control de las casetas.

La toma de casetas muestra, además de la incapacidad de respuesta, la falta de capacidad del Estado para castigar a quienes cometen la toma de casetas, lo cual genera que las personas continúen cometiendo este delito en total impunidad. Revela también que las autoridades no pueden proteger las propias instalaciones públicas y  salvaguardar a quienes las usan.

Ante este problema, desde Causa en Común, proponemos fomentar la participación de policías y el diálogo entre autoridades y grupos sociales para inhibir la toma de casetas. También es importante incluir herramientas tecnológicas para efectuar el cobro del uso de caminos, a fin de que los automovilistas no tengan que usar efectivo ni detenerse en la carretera. Finalmente, es importante emprender verdaderas políticas sociales para prevenir que grupos vulnerables tomen las casetas. No deben continuar estas acciones que solo muestran una crisis de gobernabilidad hasta en las carreteras.

Colaboró Belem Barrera.

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