Recientemente el Senado aprobó de nueva cuenta una ampliación al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. En términos simples, esto significa que se puede castigar con prisión a una persona por un delito que presuntamente cometió, sin ningún tipo juicio y mucho menos una sentencia condenatoria. En un país donde la violencia no cesa y la impunidad es la norma, esta medida parecería una salida, pero no nos engañemos, será una salida falsa. Peor aún, se trata de una violación flagrante a los derechos humanos, que criminaliza anticipadamente a las personas, dejando a un lado el principio de presunción de inocencia.
Tenemos el caso de Mario, un trabajador de un restaurante de comida rápida, quien se encontraba realizando una entrega a domicilio cuando fue arrestado por un grupo de policías, supuestamente por asaltar una unidad del transporte público. Lo que sucedió fue que, a unas cuadras de ahí, un asaltante huía de la policía por haber robado las pertenencias de varios pasajeros. A partir de la descripción física que dieron los tripulantes, fue que los policías confundieron a Mario por su “parecido físico con el delincuente”. Mario fue a prisión siendo inocente, sin ningún juicio y sin posibilidad de contratar un abogado. Como Mario, existen muchos, muchísimos casos más. Como es obvio, las personas con menos recursos son las que más sufren, y sufrirán esta injusticia, y entre los pobres, las más afectadas serán las mujeres.
De acuerdo con el “Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional”, al mes de enero de 2021, en total hay 216 mil personas privadas de la libertad entre el fuero federal y el fuero común, de las cuales el 42% siguen en espera de una sentencia. Si se analizan los datos por sexo, encontramos que del total de hombres privados de la libertad, 41% no ha recibido una sentencia´; mientras que del total de mujeres privadas de la libertad, 52% no ha recibido una sentencia. Esto representa una diferencia de 10%, lo que significa que una de cada dos mujeres en prisión no ha sido declarada culpable.
A la fecha, no existe evidencia que muestre que la prisión preventiva sea útil para combatir el crimen. Al contrario, se ha visto que, con la prisión automática, la criminalidad no disminuye. Se trata de una medida punitiva y populista que no reducirá los niveles de violencia que vive el país, pero sí dejará muchos Marios en el camino, como ya sucede actualmente.
La prisión preventiva va de la mano también de la ley de extinción de dominio, a través de la cual el gobierno puede quitarle los bienes a quienes presuntamente cometieron un delito, pues la medida puede aplicarse, otra vez, sin que haya una sentencia. El gobierno de la 4t ha usado a las instituciones del Estado para perseguir y acechar a quienes considera que son sus enemigos políticos. La prisión automática y la confiscación de bienes sin sentencia son recursos que también pueden ser utilizados como venganza, amenaza o advertencia contra los adversarios del presidente.
En lugar de apoyar el desarrollo de nuestras policías, en lugar de mejorar sus capacidades de investigación, en lugar de reformar a las fiscalías, en lugar de recobrar el control de los penales, el gobierno quiere el poder para castigar sin juicio, para someter al Poder Judicial, al tiempo que militariza, no sólo la seguridad pública, sino distintos ámbitos que corresponden a la esfera civil. Para redondear la catástrofe, se anuló por completo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Un gobierno que se dice progresista, y que se vendió como una opción de izquierda, ha resultado el gobierno más intolerante y autoritario de nuestra historia moderna. Por ello, que no quepa duda, la prioridad ya es y será la defensa de nuestro derechos y libertades.
(Colaboró Raúl Rosales Ochoa)
