Esta semana celebramos la independencia de México, un hecho histórico que refrenda la responsabilidad que tenemos todos de proteger y defender nuestros derechos, nuestras libertades y la autonomía de poderes y organismos. Sin embargo, como se ha venido documentando, es muy evidente que el panorama que enfrentamos en estos ámbitos es desalentador.
En casi dos años de la actual administración, hemos visto una centralización del poder y un debilitamiento progresivo de instituciones y organismos que servían como contrapeso de las acciones y decisiones del Ejecutivo. Bajo la consigna de que todo lo construido antes del 2018 es corrupto, desde el gobierno federal se ha iniciado un desmantelamiento institucional, sin presentar ningún análisis previo, de lo que existía. El embate se ha instrumentado por las vías política, legal y presupuestal. Verlo en conjunto, nos invita a la reflexion y a la acción.
El debilitamiento de los órganos autónomos se presenta a la opinión pública como parte de un ejercicio de “purificación” política, como un tema moral, por parte de la institución presidencial, cuando se trata, en realidad, de debilitar la democracia para abrir camino a un proyecto que se mira profundamente autoritario.
Basta voltear a ver a la CNDH, donde después de descalificarla, se decidió ponerla en manos de una titular a modo. Se trata de contar con una CNDH que no incomode al gobierno federal. Hoy diversos grupos reclaman la falta de independencia, la inacción y la ineptitud. Hoy la CNDH está secuestrada y es más dependiente del poder político que nunca.
En el caso del INE, el gobierno federal ha tenido expresiones contrarias a la institucionalidad en materia electoral, tratando de minar su credibilidad, controlar su autonomia y promover un recorte presupuestal.
A un año de las elecciones más grandes de la historia del país, todo indica que el propósito es debilitar al árbitro electoral para que sea el Ejecutivo el que se autoproclame, como ya lo ha hecho, como el defensor de las elecciones.
En materia de seguridad, se destruyó a la Policía Federal para otorgarle todas las responsabilidades de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, ahora disfrazadas de Guardia Nacional Civil, pero ya presentadas este miércoles como una cuarta fuerza armada. Se ha puesto en marcha un proceso de militarización no solo en seguridad, también son constructores del aeropuerto de Santa Lucía y de las sucursales del Banco del Bienestar; administradores de aduanas y puertos, y además se les están otorgando otros espacios civiles como al General que nombraron director de finanzas en el ISSSTE.
Por el lado de la justicia, la FGR, que debería tener autonomía técnica y presupuestal, es usada para fines políticos. Se usa para linchar y amedrentar ciudadanos, o simplemente para revanchas personales del mandatario.
Es lamentable constatar que, justo cuando más apoyo necesitan las decenas de miles de víctimas, se atacan instituciones encargadas de su atención. Destacan los casos del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM), que prácticamente han quedado inoperantes ante los recortes presupuestales a las que han sido sujetas durante el último año. Hacia adelante, solo podemos prever más ataques y menos presupuesto para todas estas instituciones.
Cualquier gobierno, de cualquier orientación ideológica, está obligado a preservar y fortalecer la autonomía, la independencia de las instituciones y la respetabilidad de las mismas. Cualquier gobierno que haya llegado al poder por la vía democrática, debería precisamente cuidar al sistema. Está claro que al gobierno no le gustan la democracia, ni el diálogo, ni la pluralidad. Por ello, como ciudadanos debemos mantenernos alertas y dispuestos a defender, en el marco de nuestras leyes, a nuestras instituciones, que son las que permiten que todavía tengamos derechos y libertades.
Colaboró Doris Castillo.
