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El incómodo INAI

María Elena Morera

El interés de ir socavando la democracia en nuestro país ha ido quedando claro.  El autoritarismo y la concentración de poder no tienen límite para el actual presidente. Por ello, la intención de eliminar órganos autónomos representa un severo riesgo para el futuro de nuestro país en el ámbito democrático y el de respeto a las instituciones. 

Por la vía de reducciones presupuestales y de nombramientos de incondicionales, desde el inicio del presente gobierno comenzó el asalto cotra los órganos autónomos. Recordemos los ataques contra el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o la sumisión en que se encuentra hoy la CNDH. Pero el presidente está decidió a continuar, ahora va también contra la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Me detengo en este último.

El INAI es el órgano constitucionalmente autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. Es, además, la institución garante de la protección de datos personales en poder del sector público o privado, como lo son el domicilio, edad, religión y datos relativos a la vida privada de las personas.

Su origen está vinculado a la derrota del PRI en el año 2000, y al trabajo y la exigencia de organizaciones sociales y ciudadanos. La primera Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública data de 2002, permitió conocer el “toallagate”, lo que dio pauta a la discusión sobre los gastos excesivos en la cúpula del poder. Tanto la Ley como el Instituto que de ella se deriva, han evolucionado y han acreditado su enorme valor como parte de nuestro sistema democrático. Para no ir más lejos, investigaciones periodísticas como “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, iniciada por el periodista Rafael Cabrera; “Las empresas fantasma de Javier Duarte”, de Arturo Ángel, y “La Estafa Maestra”, de Miriam Castillo y Nayeli Roldán, se apoyaron en el INAI y la Plataforma Nacional de Transparencia.

El amplio apoyo que le permitió a López Obrador llegar a la presidencia se debe, en buena media, a esas investigaciones periodísticas, construidas por una prensa crítica ante el poder. Sin embargo, ya que ganó, a Andrés Manuel López Obrador dejó de gustarle la transparencia. Su reiterado argumento es que el INAI “es muy caro”. Falso. En realidad, el INAI, junto con el IFT y la COFECE no representan ni el 1% del total del gasto federal, y sus beneficios económicos son muy superiores a su costo administrativo.

Además, el presidente falta a la verdad diciendo que el INAI reserva la información y se tarda mucho en responder. En realidad, quienes esconden la información son los gobiernos y las secretarías de Estado, como lo han hecho las Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores, al reservar la información relacionada con los convenios y contratos para la adquisición de vacunas contra el Covid-19, por mencionar uno de muchísimos ejemplos.

Académicos, defensores de derechos humanos, periodistas e investigadores, coinciden en que la desaparición del INAI implicaría un gran retroceso para la democracia en nuestro país. El presidente, en cambio, quiere ocultar información que considera puede lastimar a su gobierno. Dejar la transparencia al capricho del propio gobierno sería como regresar la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación, como cuando se le “cayó el sistema” a Manuel Bartlett. ¿Para allá van también?

Colaboró Nadia Sanders

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