Los informes presidenciales son una plataforma de promoción política que se aleja de ser un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Esto lo he criticado una y otra vez en cada sexenio.
Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador además de no rendir cuentas, miente de manera deliberada y en cada informe habla de una realidad que solo existe en Palacio Nacional. Quizás sea porque sabe que cada día está más cerca del final de su mandato y ve muy lejana la posibilidad de cumplir las promesas por las que llegó en 2018 a la silla presidencial.
En días pasados, arrastrado por el enojo que le provocó la marcha ciudadana del 13 de noviembre, decidió salir a ocupar las calles, para mostrar que podía convocar a más, como si fuera una competencia entre iguales. Al llegar al Zócalo presentó su 17avo informe. Sin embargo, contrario a su discurso, los datos dicen que la gente no vive mejor.
“No me vengan con el cuento que la ley es la ley”. El desprecio por la ley es lo más ominoso de su administración. A lo largo de estos 4 años hemos identificado al menos 182 acciones u omisiones del presidente y su gobierno consideradas ilegales. Una de las más serias la confesó en su conferencia del 25 de noviembre “ya les tengo dicho en la Secretaría de Seguridad Pública (SSPC) que, si se trata a todas luces de un hecho de corrupción, que aguanten, que envíen un escrito al juez diciéndole: no puedo porque yo tengo otros datos”. Esta instrucción la dio después de la resolución de la SCJN, que declaró la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales.
Otro de sus cuentos: “Sí, cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron”. Con el pretexto de la inseguridad, el presidente les otorgó a las Fuerzas Armadas (FA) gran parte de los recursos y las decisiones de gobierno. El presupuesto aprobado para 2023, a las FA, la Guardia Nacional (GN) y la SSPC asciende a 252 mil millones de pesos. Pero la ineptitud, no se compensa con presupuesto. La disminución de delitos del fuero federal en un 27% lo dice todo, hay menos decomisos de armas, drogas, contrabando, etc. Si le agregamos que la GN manifestó haber detenido solo a 14 personas por investigación de homicidios en un año, se puede concluir que gastar 500 millones diarios para estos resultados es inmoral e inútil
Por último, el cuento de la “Política de abrazos, no balazos”. En su discurso vinculó su política social como “una estrategia básica” de reducción de la violencia. Sin embargo, no existe ningún dato que sostenga que este modelo ha sido exitoso. Lo que, sí hay, son 17 atrocidades a diario sin que nadie ni prevenga ni detenga; entre las que destacan casos de tortura, descuartizamientos, masacres y homicidios de mujeres con extrema crueldad.
El Presidente obsesionado con la militarización recalcó en su informe que en 19 entidades la GN ya cuenta con más personal que las policías estatales. Se olvidó que esas policías son las principales encargadas de los crímenes del fuero común, algunos de ellos como las extorsiones y el narcomenudeo están en máximos históricos. Si bien los homicidios se han reducido ligeramente, un promedio de 93 asesinatos diarios es espantoso.
A este informe se añade el sometimiento de la SCJN, presidida por el ministro Arturo Zaldívar que en 2018 votó por invalidar la Ley de Seguridad Interior, mucho menos dañina que el acuerdo militarista que esta semana el mismo ministro avaló.
En suma, tenemos un Ejecutivo Federal que no respeta la ley y un presidente de la SCJN que olvidó su principal función, proteger la Constitución. (Colaboró René Gerez López)
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.
Presidenta de Causa en Común