El 6 de abril se publicó un artículo del Fiscal General de la República, el señor Alejandro Gertz Manero , en el que, entre otros aspectos, critica al Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), señalando que éste fue concebido para “blindar” el saqueo y la impunidad de años anteriores.
Es de cuestionarse que en lugar de velar por la progresividad de los derechos humanos y en especial por el principio de presunción de inocencia, tal y como lo obliga la Constitución, haya decidido criticar al SJPA, que tiene muchas y claras ventajas sobre el sistema anterior. Basta leer el reporte del World Justice Project México titulado “La Nueva Justicia Penal en México”, para concluir que, a más de 10 años de este sistema, las sentencias son más claras; los jueces dan la cara en las audiencias, que por cierto son grabadas y los procesos son más rápidos.
Alcanzar una sociedad justa, reafirmar la soberanía, proteger el patrimonio público y privado, tutelar la dignidad y seguridad de las personas, son objetivos loables. Lo que no lo es, es criticar las premisas de un sistema que está comprometido en su diseño con los derechos humanos, los derechos de las víctimas, la imparcialidad de las y los jueces penales y, sobre todo, con el principio de presunción de inocencia, que como sociedad nos ha costado mucho.
Falta mucho por lograr, pero definitivamente la solución no es regresar a prácticas inquisitivas. Se deben redoblar esfuerzos con una verdadera capacitación de todas y todos los operadores. Lo han dejado en claro estudios como los que ha realizado México Evalúa, en los que se concluye que estamos muy lejos de lograr una total consolidación de este sistema. Es particularmente preocupante que el fiscal califique a los requisitos del sistema como “prácticamente imposibles de superar”, pues implica no solo asumir, sino justificar la falta de resultados de la impartición de justicia federal.
Esto no es todo, también acusa que entre 1991 y 1993, los tecnócratas cambiaron las leyes para favorecer el “robo masivo a la nación”. Este argumento es debatible y contrasta con lo que en su momento se criticó, al haber establecido un catálogo de acusaciones inexcarcelables, generando un régimen más punitivo.
Y después de que logramos el SJPA, en el 2019 nuevamente se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Reforma que nos lleva hacia atrás en la defensa y protección al principio de presunción de inocencia. Dicho de forma simple, si se considera que te encuentras en alguna de las nuevas hipótesis, te irás a la cárcel sin una sentencia condenatoria que te declare culpable.
Entonces, habiendo grandes pendientes con la Fiscalía General de la República , para que ésta logre servir a México y a su gente, no es momento de polarizar, ni de mayores regresiones, ni de dinamitar los avances en materia de derechos humanos. Se trata de asumir la responsabilidad y ejercer las facultades directivas del cargo para velar por la procuración de justicia en el fuero federal.
Esperaríamos del fiscal que, más allá de pretender legislar, cumpla con el mandato constitucional y la protesta que rindió al asumir el cargo. Es su responsabilidad el cabal cumplimiento de la ley orgánica, que por cierto ha dejado mucho que desear. Todo lo demás que se diga o se pretenda terminan siendo pretextos para justificar la falta de resultados.
Por el bien de México y en especial por la justicia que merecen las víctimas, es momento de resolver los problemas de fondo y no retroceder con iniciativas autoritarias y de corte inquisitivo. La idea es ir hacia delante y no hacia atrás como los cangrejos.
(colaboró Emilio Regidor Eternod)
