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Alfonso Durazo: la intrascendencia como vocación

María Elena Morera

Esta semana renunció Alfonso Durazo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para participar como candidato de Morena a la gubernatura de Sonora. Durazo llegó a la cumbre del organigrama de la seguridad en tiempos en los que el país se desangra.

Todavía recuerdo cuando, en un evento organizado por Causa en Común, prometió que la prioridad del nuevo gobierno serían las policías locales, especialmente las municipales.
Venía, además, como parte de un grupo político que prometía la desmilitarización, cuidar los derechos humanos y poner en el centro a las víctimas. Durazo también manifestó inicialmente su postura a favor de la legalización de la marihuana, pero en los hechos el gobierno no ha promovido acciones que coadyuven a dar un giro a la política de drogas. Todas esas fueron promesas que quedaron en simple retórica.

No voy a caer en la tentación de atribuirle al señor Durazo los 100 asesinatos diarios que hay en nuestro país, lo que sí mencionaré es que su tan reiterada “línea de contención” que tanto presumió, fue solo el reflejo de que el país se mantuvo estancados en los mismos niveles de asesinatos desde meses antes de que llegaran al gobierno.

De lo que sí es responsable Durazo es de una serie de claudicaciones a lo largo de su fantasmal paso por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El hasta hoy Secretario, no hizo nada para diseñar una política de seguridad que le diera horizonte al país en medio de la terrible crisis de inseguridad que vivimos.

Tampoco fue capaz de crear una auténtica Guardia de carácter civil, como lo obligaba nuestra Constitución; permitió la clausura de Islas Marías, el mejor centro penitenciario federal, según la CNDH. El presupuesto federal para penales ha sufrido recortes del 20% en 2019 y 7% en 2020, respecto al año 2018.

En cuanto a prevención, no hay un sólo programa; vamos, ni una sola idea. El gasto en prevención sólo significó el 14% del presupuesto de seguridad aprobado en 2019, y presentó un recorte del 27% con respecto al gasto ejercido en 2018.

Quedan para la historia las descaradas mentiras en el caso del operativo en Culiacán. Y tampoco podrán olvidarse la indolencia y la insensibilidad para con la familia Le Barón; actitud que tuvo frente a decenas de miles de víctimas, y decenas de colectivos de víctimas. Ese es, por mi parte, el principal reclamo. Esas víctimas que no mueven ni conmueven al grupo político en el poder.

En Causa en Común llevamos dos recuentos, que por cierto debería llevar el gobierno: uno es de atrocidades, crímenes que, por sus características, implican una carga especial de crueldad y dolor. Esos crímenes que tienen el descaro de decirnos que ya no suceden. El otro recuento es el de policías asesinados. En el año han matado al menos a 458 policías, policías a los que nunca defendió como idea, ni como seres humanos, ni como profesionales. De hecho, contrario a su promesa de impulsar a las policías locales, hoy están más abandonadas que nunca.

Y esto también hay que agregar que, bajo su gestión y en consonancia con la postura presidencial, Durazo mostró su insensibilidad para reconocer el alza en los feminicidios, los cuales crecieron 125% entre los años 2015 y 2019.

Hay una ley en economía que se llama “de Gresham” que significa que cuando hay dos monedas, la gente guarda la buena, para circular la mala. En la política de nuestros días hoy pasa lamentablemente lo mismo.

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