Al presidente se le olvidó… a nosotros no

María Elena Morera

Tanto en 2012 como en 2018, una de las promesas de campaña del hoy presidente fue la de retirar a las Fuerzas Armadas de las calles en la medida que se fuera profesionalizando la policía. Hoy, a casi dos años de su administración, todo indica que lo que se había dicho en contra de la militarización, no era más que un eslogan de campaña y no auténticas convicciones. Los resultados obtenidos hasta el momento y las decisiones que ha tomado dejan evidencia de que el gobierno no quiere ni puede construir una verdadera estrategia de seguridad pública por la vía civil. El año pasado se terminó de destruir a la policía federal, pero se prometió construir otro cuerpo también civil. Ese fue el sentido de la reforma constitucional que abrió el espacio para el nacimiento de la Guardia Nacional. El engaño ha sido patente para todo mundo: la Guardia no es más que una extensión de las Fuerzas Armadas con un disfraz civil. Para colmo, no existe ningún planteamiento serio para rescatar a las policías estatales y municipales.

El mes pasado, el gobierno federal decidió colocar un último candado a la militarización de la seguridad pública mediante un Acuerdo que no cumple con los estándares internacionales a los que la participación militar está obligada: extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Sin embargo, sabemos que la militarización que promueve este gobierno no se detiene en la seguridad pública, sino que se extiende a un sinnúmero de funciones y responsabilidades que van desde cuidar la frontera hasta construir el aeropuerto de Santa Lucía. Esto no hará más que abrumar a unas Fuerzas Armadas, que ya de por sí, sufren un enorme desgaste.

Con esta militarización, aunada al abandono en que se mantiene a las policías locales, el gobierno ha sido, por decir lo menos, tremendamente irresponsable. Afortunadamente, aún hay quienes, haciendo uso de sus derechos, han decidido emprender la defensa de nuestra Constitución. Se trata de los presidentes municipales de Colima y Pabellón de Arteaga (Aguascalientes), del gobernador de Michoacán y de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quienes impugnaron vía controversia constitucional el ominoso Acuerdo al que me he referido.

Quizá al final, pueda abrirse la posibilidad de reencauzar el camino en materia de seguridad hacía la vía civil. Por si se le olvidó al presidente, le recordamos que abusar de la buena acreditación social que tienen nuestras Fuerzas Armadas, no resolverá la terrible crisis de violencia e inseguridad en la que estamos sumergidos.

Por si se le olvidó al mandatario mexicano, le recordamos que una verdadera estrategia de seguridad pública requiere el fortalecimiento de las policías, que son las instituciones que deberían investigar, atender los delitos, y construir puentes con los ciudadanos. Por si se le olvidó al Ejecutivo, le recordamos que optar por la erosión y destrucción de las instituciones, en lugar de cuidarlas y mejorarlas, significa atentar contra el sistema democrático en el que queremos seguir viviendo la mayoría de las mexicanas y mexicanos.

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Muy lamentable el atentando contra el Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Mis condolencias a los familiares de los dos policías y la señora Gabriela Gómez, que murieron durante el ataque. Espero que el Lic. Omar García Harfuch y los policías heridos se recuperen pronto y los hechos sean investigados y castigados.

Colaboró Doris Castillo

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