La población sufre una creciente desigualdad social. Los más pobres no tienen acceso a la educación que les permita salir de entornos marcados por la violencia y marginación, siendo condenados a empleos mal remunerados y a ser objeto de la amenaza y coacción por parte de la delincuencia.
El promedio de escolaridad de las y los mexicanos entre 25 y 64 años es de 10.3 años, equivalente a primer año de bachillerato y con ello, a trabajos de menor calidad y poca oportunidad de desarrollo.
Y por si no fuera suficiente, casi 50% de la población mayor de 15 años solo cuenta con educación básica, es decir, secundaria, lo cual lamentablemente hace patente que México está desaprovechando el bono demográfico que tiene, debido a que no está garantizando que la juventud se instruya para mejorar su futuro.
Asimismo, la mayoría de adolescentes y jóvenes en centros de internamiento por haber cometido alguna acción tipificada como delito, proviene de contextos expuestos a la pobreza y violencia, siendo esa la razón que los orilló a tener ese comportamiento.
Frente a esta brutal realidad no existe respuesta gubernamental enfocada a arrebatar a la juventud de las garras de la pobreza y el crimen.
Así lo han hecho patente las propias Fuerzas Armadas, las cuales han advertido que la delincuencia organizada se ha hecho de una base social para tratar de disimular su actuación y manejarse con total impunidad.
Las promesas que en 2018 hizo Morena a la sociedad han quedado en el aire, porque las acciones de gobierno no han atendido a los más pobres y sí les ha cancelado no solo servicios públicos, sino el mismo acceso a programas sociales.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares 2020 del Inegi, en 2016 un total de 67% de los hogares en pobreza extrema recibía al menos un programa social, en 2020 bajó a 43%.
Estos indicadores reflejan sufrimiento, desesperación y hambre por parte de un pueblo que ha visto el desmantelamiento progresivo de las instituciones que hasta 2018 les garantizaron un piso mínimo de bienestar. Hoy ya no están.
Es evidente que el gobierno en turno ha fracasado estrepitosamente en su principal oferta de campaña y es urgente que corrija su accionar, pues cada día que pasa más gente cae en pobreza.
Programas sociales bien diseñados y ejecutados, así como la garantía de bachillerato para todas y todos son dos políticas públicas que el siguiente gobierno debe aplicar urgentemente.