Hay un dato que debería incomodarnos mucho más de lo que parece. Entre diciembre de 2018 y el 16 de mayo de 2026 desaparecieron en México 78 mil 44 personas. Esto significa que 58.13% de todos los casos inscritos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas corresponden a los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. La desaparición dejó hace tiempo de ser una herencia del pasado o el saldo de la guerra contra el narcotráfico. Es una tragedia del presente.
Sin embargo, la conversación pública suele detenerse en el número de víctimas y rara vez llega a una pregunta más incómoda: ¿qué ha pasado con las instituciones encargadas de garantizar verdad, justicia y rendición de cuentas durante este mismo periodo?
El informe Patrones y buenas prácticas en materia de desaparición en México, elaborado por Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) a partir del trabajo de colectivos de familiares de personas desaparecidas, identifica un cuarto ciclo de desapariciones que comenzó hace más de dos décadas en el norte del país, se extendió después al sur y hoy alcanza prácticamente todo el territorio nacional. El estudio concluye que la desaparición no puede explicarse únicamente por la expansión de las organizaciones criminales. También persiste porque existen condiciones institucionales que permiten su reproducción.
Silvia Chica, directora del IMDHD, ha insistido en la necesidad de observar los patrones y no sólo los casos aislados. Cuando un fenómeno atraviesa gobiernos de distinto signo político, se extiende por casi todo el territorio y permanece durante décadas, la pregunta deja de ser únicamente quién desaparece a las personas. También obliga a preguntarse qué instituciones han sido incapaces de prevenir el crimen, investigarlo y sancionarlo.
No todas las desapariciones registradas en México son atribuibles a agentes del Estado. Pero tampoco puede ignorarse que existen casos documentados en los que la participación de autoridades civiles o cuerpos de seguridad ha sido acreditada o cuenta con elementos suficientes para ser investigada. El IMDHD ha acompañado expedientes emblemáticos, como las desapariciones ocurridas durante el Operativo Blindaje Coatzacoalcos, en Veracruz, bajo un esquema de mando único, así como el caso de Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida en Oaxaca tras denunciar actos de corrupción municipal. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda han documentado hechos similares en distintas entidades del país.
México, sin embargo, sigue sin llegar hasta las más altas responsabilidades. Las investigaciones suelen detenerse en los autores materiales o en funcionarios de menor rango. Las cadenas de mando permanecen prácticamente intactas. La impunidad no consiste únicamente en la ausencia de castigo; también implica no saber quién ordenó, quién permitió, quién toleró y quién encubrió.
Es aquí donde la militarización adquiere una dimensión que va mucho más allá del debate sobre seguridad pública. Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, las Fuerzas Armadas han acumulado un poder sin precedentes. A las tareas tradicionales de defensa se sumaron funciones permanentes en seguridad pública, control territorial, administración de puertos, aduanas y aeropuertos, además de la construcción y operación de proyectos estratégicos.
En ese mismo periodo, organizaciones como Data Cívica han advertido otra realidad preocupante. Con base en información oficial, han documentado cientos de casos de presunta desaparición forzada ocurridos desde el inicio del sexenio de López Obrador. Aseguran que según los propios datos de este gobierno, desde el inicio del sexenio de Sheinbaum se registraron 802 desapariciones forzadas. De las cuales han localizado a 253 personas con vida y 450 siguen desaparecidas. La organización también ha señalado que la forma en que se clasifican las desapariciones puede dificultar la identificación temprana de la participación de agentes del Estado, una responsabilidad que con frecuencia sólo puede establecerse mediante investigaciones exhaustivas. El problema es que esas investigaciones rara vez avanzan hasta esclarecer toda la cadena de responsabilidades.
A ello se suma una preocupación institucional. El Centro Prodh ha insistido en que el problema no radica únicamente en la creciente participación de las Fuerzas Armadas en tareas civiles, sino en la ausencia de controles democráticos capaces de supervisar el ejercicio de ese poder. Mientras el ámbito de actuación militar se ha expandido, los mecanismos de control parlamentario, transparencia y rendición de cuentas no han evolucionado al mismo ritmo.
Las familias buscadoras lo entendieron hace tiempo. Las desapariciones no suceden únicamente por la acción de quienes las ejecutan, sino cuando las instituciones renuncian a investigar al poder con la misma determinación con la que investigan a cualquier ciudadano. Sin controles civiles efectivos, la expansión del poder militar deja de ser sólo una decisión en materia de seguridad. Se convierte también en un problema para la democracia, el Estado de derecho y el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
@MaiteAzuela
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