México se está convirtiendo en un extraño refugio para personajes reclamados por la justicia extranjera. Algunos tienen poder político, otros buenos abogados y otros han descubierto que nuestros procedimientos pueden convertirse en una carrera de resistencia. Los expedientes son distintos y también las razones que los mantienen aquí, pero su acumulación empieza a dibujar una inquietante capacidad del Estado mexicano para prolongar casos que en algún momento deberían encontrar una salida.
Florian Tudor conoce bien la capacidad mexicana para alargar los tiempos. “El Tiburón”, señalado como líder de la llamada mafia rumana que operó desde Quintana Roo, fue detenido por la FGR en mayo de 2021 a petición de Rumania, donde es requerido por delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado. Su defensa ha promovido amparos y suspensiones que han impedido su entrega. Aquí la precisión importa: buena parte de los obstáculos han sido judiciales y sería incorrecto atribuir al gobierno cada retraso. Lo difícil de explicar es el resultado. México detuvo a Tudor expresamente para extraditarlo y cinco años después continúa aquí.
El caso de Rubén Rocha Moya vuelve inevitable la pregunta. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de colaborar con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y apoyo político. Washington solicitó su detención provisional con fines de extradición y México respondió que necesitaba más información. La FGR abrió una investigación y los señalados permanecen en el país. Una acusación estadounidense no demuestra culpabilidad, pero la prudencia de nuestras instituciones resulta llamativa cuando quienes aparecen en los expedientes pertenecen al poder político.
La paciencia mexicana cambia cuando somos nosotros quienes esperamos del otro lado. En 2024, la Cancillería reclamó a Israel por la demora para extraditar a Tomás Zerón, acusado en México por tortura y otros delitos relacionados con Ayotzinapa. La SRE incluso calificó la tardanza como un “amparo de facto” del gobierno israelí. La expresión resulta especialmente útil ahora porque describe esa zona cómoda en la que nadie concede protección formalmente, pero el reclamado permanece donde está mientras el expediente envejece.
En mayo de este año, Claudia Sheinbaum volvió a reclamar reciprocidad a Estados Unidos. Su gobierno informó que desde 2018 México había presentado 269 solicitudes de extradición: 36 habían sido negadas y 233 continuaban pendientes, de las cuales 183 eran solicitudes formales y 50 peticiones de detención provisional. Hasta el 13 de mayo ninguna se había concretado. México tiene razón al exigir que sus solicitudes sean atendidas con seriedad y rapidez. La exigencia adquiere otro significado cuando se observa cómo funcionan aquí los casos que recorren el camino contrario.
El antecedente más incómodo sigue siendo Salvador Cienfuegos. El exsecretario de la Defensa fue detenido en Los Ángeles en octubre de 2020 acusado de narcotráfico y lavado de dinero. El gobierno de López Obrador desplegó una intensa presión diplomática para conseguir su regreso y Estados Unidos retiró los cargos bajo el entendimiento de que México lo investigaría. Cienfuegos regresó en noviembre y, dos meses después, la FGR anunció que no ejercería acción penal en su contra. México reclamó la oportunidad de investigar a uno de los suyos, consiguió traerlo de vuelta y cerró el expediente.
Cada caso tiene circunstancias jurídicas distintas y conviene resistir la tentación de meterlos en el mismo costal. Tudor ha litigado su extradición; Rocha debe gozar de presunción de inocencia; Cienfuegos fue exonerado por la Fiscalía mexicana y Zerón continúa reclamado por nuestro país. Lo que los conecta es la facilidad con la que el tiempo termina formando parte de la justicia y la peculiar diferencia de velocidades según el lado de la frontera desde el que se mire el expediente.
La extradición exige pruebas, controles judiciales y posibilidades reales de defensa. Es exactamente lo que debe ocurrir en un Estado de derecho. Lo preocupante comienza cuando esos controles producen durante años el mismo resultado y las instituciones parecen cómodas administrando la espera. La complicidad también puede crecer en ese terreno: en las investigaciones que pierden impulso, en los trámites que se prolongan y en la disposición política para dejar que un expediente envejezca sin incomodar demasiado a nadie.
La Cancillería mexicana encontró una buena expresión cuando acusó a Israel de conceder a Zerón un “amparo de facto”. Quizá valga la pena conservarla para mirar hacia adentro. México lleva años exigiendo que otros países entreguen a quienes nuestra justicia reclama, mientras algunos personajes reclamados desde fuera encuentran aquí tiempo, recursos y paciencia institucional. A veces el refugio más eficaz es precisamente ése: el que nunca necesita declararse.
@MaiteAzuela
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