En el otoño de 1994, una serie de escándalos de corrupción protagonizados por funcionarios públicos británicos orillaron al primer ministro John Major a crear un Comité para regular la vida pública. Este organismo estuvo presidido por el juez Michael Patrick Nolan quien de la mano de ocho reconocidos académicos, funcionarios e importantes empresarios analizaron el origen de las incompatibilidades entre la vida pública y la vida privada. De ese trabajo surgió el Informe Nolan y sus siete principios para la vida pública que han sido la guía de cualquier intento por regular el conflicto de interés. El Informe dedicó un apartado especial de diagnóstico al Parlamento británico puesto que un tercio de sus integrantes mantenían actividades privadas, contratos y consultorías incompatibles con la neutralidad que se requiere para actuar a favor del interés público. Los principios Nolan se refieren a la necesidad de anteponer el interés público sobre el privado; a la actuación con integridad; a la objetividad en las decisiones y designaciones públicas basadas en mérito; en la rendición de cuentas de todas las decisiones que afectan a la sociedad; a la transparencia en la actuación pública; la honestidad sobre la publicidad de los intereses personales de los funcionarios y en la edificación de un liderazgo basado en la congruencia.
En 2014, México vivió su etapa Nolan con la revelación periodística de la Casa Blanca: una propiedad valuada en 7 millones de dólares, habitada por la familia del entonces presidente Peña Nieto y adquirida a uno de los contratistas favoritos del régimen.
El escándalo hizo evidente la debilidad de los procedimientos existentes para evitar que el poder político se convirtiera en fuente de enriquecimiento privado. Las reformas que se hicieron en ese momento acompañados de reclamo social buscaron pasar del escándalo mediático a los procedimientos institucionales para prevenir, detectar y sancionar los comportamientos contrarios a la ética pública.
A lo largo de este verano hemos conocido del lujoso veraneo de personajes clave dentro de la estructura y representación de Morena. Viajes a Europa y Asia en hoteles de lujo, compra de relojes, ropa y zapatos cuyo valor supera los dos mil salarios mínimos o la organización de una fiesta de cumpleaños en un lujoso hotel de Madrid con la asistencia de distintos funcionarios. El artículo 7 de la ley general de responsabilidades administrativas señala trece principios y directrices que debieran guiar la actuación de los funcionarios públicos. Entre ellos, se establece conducirse con rectitud sin utilizar el empleo, cargo o comisión para “obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”.
Se ha hecho pública una investigación judicial, abierta en Estados Unidos y no en México, sobre una red de sobornos que dieron como fruto contratos millonarios con Pemex.
En lo que va de esta administración, se eliminó al órgano nacional de la transparencia y una sola fuerza política se repartió el botín de los cargos públicos en instituciones encargadas de vigilar, investigar, prevenir y sancionar el abuso.
El gobierno de la llamada cuarta transformación llegó al poder asegurando que no eran iguales a las élites voraces del pasado y que combatirían la corrupción barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. El resultado, más allá de instituciones omisas, es una pandilla intolerante a la crítica y que dice tener el corazón en la izquierda, pero que claramente conserva la cartera en la derecha.
Investigadora de la UdeG. @louloumorales
