Esta semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. La Ley que debía aprobarse tras siete foros de Parlamento Abierto, fue votada con prisa, violando los compromisos de diálogo, atropellando el procedimiento legislativo y, por lo tanto, bajo protesta de un amplio sector de la comunidad científica y universitaria.
María Elena Álvarez-Buylla, directora del ahora Conahcyt se escudó en la existencia de una consulta virtual en la que recibió el aval de una comunidad dócil, acrítica y convencida de que la centralización y el sometimiento de la investigación y la ciencia a las agendas e intereses del gobierno en turno generará mejores resultados.
Para legitimar y divulgar el contenido general de la ley, Álvarez-Buylla señaló en una mañanera que había que abatir la existencia de los Centros Públicos de Investigación neoliberales, cualquier cosa que esto signifique. A manera de ejemplo presentó un esquema de “redes de intereses creados” que habrían emanado desde el CIDE, uno de los centros que más críticas ha recibido durante esta administración y que goza de las obsesiones irracionales del Presidente.
El listado de nombres ahí expuesto no prueba nada más que la trayectoria y el trabajo de investigación en causas afines como la rendición de cuentas, la transparencia, el combate a la corrupción, el sindicalismo autónomo, la participación ciudadana o el periodismo de investigación. Todos y cada uno de los ahí mencionados cuentan con mi respeto, solidaridad y reconocimiento.
El señalamiento público, con infundios, desde un espacio de poder, debiera ser motivo de preocupación para todos. Las crecientes amenazas y restricciones a la libertad académica llevaron en 2020, a la Organización de las Naciones Unidas y al grupo de Scholars At Risk, a documentar los embates hacia académicos y universitarios en regímenes autocráticos.
Los parámetros que debieran garantizar la libertad y la autonomía académica son contrarios a lo aprobado en la reciente Ley. Tal y como se argumenta en el informe del Relator Especial, sin libertad académica, todas las sociedades pierden uno de los elementos esenciales del autogobierno democrático: la capacidad de autorreflexión, de generación de conocimiento y del empeño constante en mejorar la vida de las personas. Estoy segura de que, a pesar de todo, las voces críticas seguirán dignas, recordándonos que el país es diverso y está lejos de ser propiedad de solo unos cuantos.