México ha sido un ejemplo a nivel internacional por sus políticas y acciones afirmativas para promover la participación política de las mujeres y su paulatina, pero consistente incorporación en los espacios de decisión política.
Sin embargo, la mayor inclusión de las mujeres en cargos públicos trajo consigo la multiplicación de los casos y la diversificación de las modalidades de violencia política por razones de género en su contra. Con ello se evidencia una ominosa paradoja de nuestro proceso político: la mayor participación pública de las mujeres ha implicado un incremento de la violencia hacia ellas, lo que nos habla de que en la mentalidad de buena parte de nuestros actores políticos sigue presente una arraigada y trasnochada cultura machista.
Por eso son de celebrarse las reformas legislativas de 2020 que establecieron una serie de mecanismos para prevenir, visibilizar y sancionar las conductas que violentan políticamente a las mujeres por razón de su género. En ese sentido, entre otras medidas, se instrumentó un registro nacional de violentadores (en el que ya están inscritos varios centenares de personas, tanto hombres y mujeres, que han incurrido en violencia política contra las mujeres, lo que supone su inhabilitación para contender por cargos públicos electivos), se creó un procedimiento sumario para atender las denuncias por esos hechos y se han establecido una serie de medidas cautelares y de protección que las autoridades electorales pueden emitir para contener los efectos nocivos que implican los actos de violencia política contra las mujeres.
No son pocos los casos en los que, a lo largo de estos años, las autoridades electorales han sancionado a infractores o emitido medidas de protección contra ese tipo de actos de violencia política; algunos de ellos han notorios y muy comentados. Sin embargo, el que ha tenido mayor relevancia pública es, por mucho, la determinación tomada el viernes pasado por la Comisión de Quejas del INE —por instrucciones de la Sala Superior del TEPJF— de emitir medidas cautelares dirigidas al presidente López Obrador por una serie de expresiones que constituyen violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez pronunciadas en diversas conferencias mañaneras.
A juicio del INE los dichos del primer mandatario en el sentido de que Gálvez “fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto”, que “la van a utilizar para engañar al pueblo”, que “sólo vale por ser una mujer nacida en un pueblo de Hidalgo”, que “es una títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar” (citas textuales transcritas de las “mañaneras”) constituyen violencia política de género en tanto le niegan a la política de oposición cualquier mérito en su trayectoria pública o en sus aspiraciones políticas y la supedita a la acción de un grupo de hombres, como si sólo valiera por eso y como si fuera un instrumento de éstos, con lo que replica una serie de estereotipos que minusvaloran la actuación de una mujer en política, haciéndola depender de las decisiones tomadas por hombres y no por ella. En consecuencia, el INE ordenó que esas expresiones deben evitarse en el futuro y las conferencias mañaneras en las que se hicieron borrarse de las plataformas oficiales.
La respuesta del presidente es grave es inconcebible: “¿Dónde está la violencia? ¡Esto es política! Y es lo más legal que puede haber (sic). La política es, si no un arte, su no una ciencia, es un oficio (sic). Pero, además, es lo que permite que nos organicemos como sociedad” señaló. Sus argumentos son reveladores de su pensamiento: en política todo se vale cuando se persiguen ciertos objetivos (la misma justificación que han tenido todos los autócratas a lo largo de la historia para justificar los peores atropellos y abusos desde el poder).
El presidente olvida, de nueva cuenta, que en una democracia la actuación de los órganos del Estado, como el que él representa, tiene reglas y límites infranqueables, que hay derechos que, le gusten o no, deben ser respetados y que esas regulaciones y fronteras están establecidas por las leyes. Esa es la gran conquista civilizatoria de la modernidad que al actual gobierno tanto le cuesta entender y a la que la política debe estar sometida. De otro modo, imperaría la ley del más fuerte, cosa que, por lo visto, le encantaría a quienes hoy nos gobiernan.
Investigador del IIJ-UNAM.