Desde hace casi una década, a partir de su detención, juzgamiento y condena por sus vínculos con el narcotráfico mexicano por parte de la justicia norteamericana, Genaro García Luna se ha convertido en la bestia mitológica favorita del morenismo para encarnar la “corrupción del pasado”. ?Para López Obrador y Claudia Sheinbaum ese caso se convirtió en el recurso retórico predilecto para marcar distancia con el pasado oscuro y corrupto del “PRIAN” y argumentar sus diferencias, encarnadas en su presunta “superioridad moral”, su “honestidad” y su “vocación transformadora”, frente a los gobiernos que los antecedieron.
La condena que la justicia de Estados Unidos hizo de quien fuera secretario de seguridad pública del gobierno de Calderón (fundada esencialmente en las declaraciones de testigos protegidos o de criminales que se beneficiaron en sus penas por colaborar y convalidar las acusaciones de los fiscales), ha sido repetida hasta el cansancio por los gobernantes morenistas como la prueba fehaciente, el ejemplo por excelencia, la constatación irrefutable de la descomposición del panismo y del priísmo.
Lo anterior constituye la premisa básica desde la cual se debe analizar y evaluar la reacción que tenga el gobierno de Sheinbaum (y el oficialismo entero) frente a la acusación que la fiscalía de Nueva York acaba de hacer ante una corte penal de esa ciudad en contra de diez funcionarios públicos de Sinaloa, entre los que destacan el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador morenista de ese estado, Enrique Inzunza, por diversos delitos de narcotráfico, posesión de armas y por haberse beneficiado políticamente del respaldo del cártel de los “Chapitos”, así como la consecuente solicitud de extradición que el gobierno norteamericano ha presentado ya ante su homólogo mexicano.
?El dilema no es menor, vistos los antecedentes. En el último año, el gobierno de Sheinbaum ha entregado, sin trámite legal alguno, a casi medio centenar de personas acusadas de narcotráfico a las autoridades de Estados Unidos. Ello ocurrió incluso a pesar de que algunas de esas personas estaban amparadas en contra de la extradición a ese país. Se trató, en efecto, de una actuación absolutamente ilegal (o “extralegal”, pues no está contemplada en las leyes), equivalente a un destierro (figura inexistente en nuestro marco jurídico), que se hizo a requerimiento del país vecino.
Ahora, la petición de extradición de los funcionarios morenistas, hasta donde ha informado la Embajada norteamericana, existe y ya se ha formalizado. ¿Qué hará el gobierno mexicano?
Si existiera un mínimo de congruencia en el oficialismo, debería tramitarse sin reparos ni retrasos la entrega de los acusados a las autoridades estadounidenses y esperar que el mismo aparato de justicia al que se le ha dado todo el crédito en el caso de García Luna, decida si los morenistas acusados de hacerse vinculado y beneficiado del Cártel de Sinaloa son culpables o inocentes.
El dilema no es menor, menos aún cuando López Obrador y Claudia Sheinbaum han avalado, cobijado y legitimado a Rocha Moya y su gobierno de manera reiterada y sistemática.
Vistos los antecedentes (la deportación previa de criminales condenados o sometidos a proceso, y las loas a la justicia norteamericana en el caso García Luna) no acceder ahora a la extradición solicitada implicaría un claro y abierto encubrimiento de encumbrados políticos del morenismo, o qué, ¿ahora resulta que siempre no confían en la misma justicia que condenó al exfuncionario calderonista?
Por otro lado, sin embargo, una eventual condena por narcotráfico al gobernador de Sinaloa por los tribunales neoyorquinos sería demoledora para la credibilidad y hasta para la viabilidad del morenismo, porque convalidaría las cada vez más recurrentes acusaciones de sus nexos con el narcotráfico y la falsedad de la renovación y de la pretendida epopeya histórica que dicen encarnar.
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