La justicia que nunca llega para las personas migrantes

Lorena Cano Padilla

El 17 de abril de 2020, un grupo de organizaciones promovimos un amparo (426/2020) contra las omisiones para salvaguardar la salud e integridad de las personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) ante la contingencia sanitaria. Buscamos evidenciar, ante el Poder Judicial de la Federación, las negligencias por parte del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, y la Secretaría de Salud, incluido el Consejo de Salubridad General, respecto de las medidas que se deberían adoptar, y aquellas que existen y no se toman en cuenta, para garantizar el derecho a la salud y la no discriminación de las personas migrantes en el contexto de la COVID-19.

Un día después, el Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México dictaminaría once medidas para proteger la vida y la salud de las personas migrantes detenidas en las más de 60 estaciones migratorias del país, destacando: la libertad inmediata de las personas migrantes que son parte de grupos vulnerables al coronavirus –entre ellas, las mujeres embarazadas-, y se les otorgue estancia por razones humanitarias en el país, que incluya acceso a la salud; la elaboración de un informe detallado, por parte del INM, sobre el número de personas migrantes que se encuentran en las estaciones migratorias señalando sus condiciones de vulnerabilidad; establecer una estrategia para que la población migrante sea beneficiaria de apoyos económicos; y garantizar que ninguna niña, niño o adolescente se encuentre detenido en estaciones migratorias, aunque de acuerdo a las reformas a la Ley de Migración ya no pueden ser detenidos.

Las autoridades no cumplieron. Cuatro meses después, el 3 de agosto de 2020, la misma Jueza advirtió al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, y al Director General de Control y Verificación Migratoria, Antonio López Díaz, que debían coordinar y vigilar el cumplimiento de las once medidas establecidas. Dio 24 horas a ambos funcionarios para solicitar las acciones a las dependencias correspondientes, y tres días posteriores para demostrar, con pruebas fehacientes, que lo hicieron, de lo contrario serían denunciados ante el Ministerio Público Federal por incumplimiento de una resolución judicial además de ser multados. Nada de esto ocurrió.

Un año después, las autoridades continúan sin cumplir lo establecido en el amparo de una manera abierta y cínica, ¿la razón? en México la impunidad es un pacto inquebrantable y la vida de las personas migrantes no les importa. A la fecha, no se han hecho efectivas las sanciones, ni económicas ni las del Ministerio Público; han ocurrido muertes por COVID-19 de personas detenidas en estaciones migratorias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones al respecto; y continúan las detenciones migratorias, de acuerdo con los datos públicos del INM, entre abril y diciembre de 2020 se registraron 52 mil 277 eventos de detención, y de enero a junio de 2021 van 93 mil 985; pero nada ha importado.

La emergencia sanitaria que vivimos desde hace 16 meses puso de relieve que nadie estaría a salvo sino se protege a todas las personas en el país, sin importar su nacionalidad o situación migratoria, pues la COVID-19 no conoce de fronteras, no usa ni pide pasaporte. Ningún acuerdo entre países, ninguna norma debería pasar por encima de la vida, seguridad y libertad de las personas, mucho menos en medio de una emergencia sanitaria mundial.

Este no es un caso aislado, desde hace 6 años las organizaciones de la sociedad civil que dedicamos nuestros esfuerzos a la defensa de los derechos de las personas en movilidad estamos litigando la constitucionalidad de las revisiones migratorias del INM en carretera; hace dos años, junto con la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, litigamos contra el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional; y desde el 2019 contra la participación del gobierno mexicano en políticas migratorias contrarias a nuestra Constitución, como el Protocolo “Quédate en México”. Actualmente todos estos procesos, junto con múltiples acciones más, se encuentran ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación esperando resolución. Otras más, han sido resueltas por diferentes juzgados pero su cumplimiento no llega.

Con o sin pandemia, el acceso a la justicia para la población migrante es casi imposible de alcanzar en nuestro país, aún con resoluciones judiciales, ¿por qué?, no es fácil responder, tal vez es una cuestión de voluntad política que avala, de alguna manera, las violaciones a derechos humanos atroces que se cometen en México a través de la impunidad y el incumplimiento de las leyes; o quizá la administración de justicia se sigue quedando corta y tardía frente a los acontecimientos; o simplemente a nadie le importan las condiciones de vulnerabilidad que viven algunas poblaciones, como la migrante, en nuestro país. El aparato judicial cuenta con las herramientas para brindarles protección, dejarles en situación de desventaja es incongruente
 


Coordinadora Jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC

 

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