Cuando comenzó a circular el video de despedida del profesor Jasso Cruz, muchas personas pensamos, por un momento, que podía tratarse de un montaje realizado con inteligencia artificial. No era una reacción descabellada. Resultaba difícil imaginar que un profesionista, docente y referente para generaciones de estudiantes hubiera grabado un mensaje con expresiones tan violentas y agresivas, dirigido incluso contra la adolescente que lo había denunciado. Pero, una vez confirmada la autenticidad del video, la pregunta dejó de ser si era IA y pasó a ser mucho más incómoda: ¿qué nos dice este caso sobre nuestras instituciones, sobre el debate público y sobre el sistema de justicia penal?
El caso del profesor Jasso Cruz ha sido uno de los episodios más complejos que hemos visto en los últimos años. En él convergen varios debates que merecen discutirse con seriedad: la rapidez con la que un caso puede hacerse viral, el uso ético de la inteligencia artificial, los protocolos institucionales para atender denuncias de violencia, la responsabilidad de las universidades frente a estos casos y, por supuesto, el funcionamiento del sistema de justicia penal.
Y de pronto con todo lo que sucedió aparecieron decenas de abogados penalistas explicando derecho penal en redes sociales. Eso, en principio, tendría que ser una buena noticia. Necesitamos más voces especializadas que acerquen el derecho a la ciudadanía. El problema es que muchos de esos análisis no partieron de una explicación rigurosa del sistema penal, sino de una narrativa previamente construida: la de la supuesta criminalización de los hombres por culpa de mujeres "misándricas" y de un feminismo que, según ellos, habría capturado al Estado.
Lo más preocupante es que ese discurso no provino únicamente de creadores de contenido o de colectivos con una agenda claramente definida; también fue replicado por abogados litigantes, penalistas e incluso profesores universitarios. Precisamente quienes deberían contribuir a un debate informado terminaron reforzando algunos de los mitos más persistentes sobre el funcionamiento de la justicia penal.
Reducir las deficiencias del sistema penal mexicano a la idea de que basta la palabra de una mujer para destruir la vida de un hombre no sólo es jurídicamente incorrecto; también invisibiliza los verdaderos problemas que arrastra nuestro sistema de justicia.
Conviene empezar por una aclaración básica: México no es un Estado feminista. La existencia de una presidenta no convierte automáticamente al Estado mexicano en uno comprometido con la agenda feminista. De hecho, la actuación de los gobiernos en los últimos años ha demostrado profundas resistencias para garantizar plenamente los derechos de las mujeres. Pensar que las instituciones de procuración y administración de justicia operan bajo una lógica de privilegio hacia las mujeres simplemente no encuentra sustento en la realidad.
También es falso que las normas que suelen calificarse como "misándricas" funcionen automáticamente en favor de las denunciantes. La mayoría de los delitos son tipos penales neutrales respecto del sexo de la víctima o de la persona imputada. Incluso aquellas reformas emblemáticas, como la llamada Ley Olimpia, están lejos de representar un camino sencillo para quienes denuncian. En la práctica, las víctimas de violencia digital enfrentan investigaciones lentas, criterios dispares, revictimización y enormes dificultades para obtener justicia. Lo mismo ocurre en buena parte de los delitos sexuales, donde denunciar sigue implicando exponer la vida privada, soportar cuestionamientos constantes y enfrentar procesos desgastantes.
¿Existen denuncias falsas? Claro que existen. Negarlo sería tan irresponsable como afirmar que todas las denuncias son falsas. También existen personas privadas injustamente de su libertad, investigaciones deficientes, errores ministeriales y decisiones judiciales equivocadas. Pero atribuir estos problemas exclusivamente a mujeres "maliciosas" o al feminismo es una explicación tan cómoda como falsa.
De hecho, muchas falsas imputaciones tienen su origen en las propias autoridades. La fabricación de culpables, las investigaciones deficientes, las detenciones arbitrarias, la tortura y la alteración de pruebas han sido documentadas durante años por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Si realmente queremos hablar de personas acusadas injustamente, deberíamos mirar primero hacia las deficiencias institucionales y no construir un enemigo imaginario en las mujeres que denuncian violencia.
A diez años de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio seguimos arrastrando muchas de las prácticas del sistema inquisitivo que supuestamente buscábamos superar. Los datos son contundentes. En 2016 la probabilidad de que un delito fuera denunciado y esclarecido era apenas del 1%. En 2024 esa cifra alcanzó únicamente el 1.47%. Es decir, después de ocho años el avance fue inferior a medio punto porcentual. En términos prácticos, de cada cien delitos que ocurren en México, noventa y nueve permanecen impunes.
Las deficiencias tampoco terminan ahí. Mientras en 2016 el 29% de las personas denunciantes pasaban más de cuatro horas en el Ministerio Público, para 2024 esa cifra aumentó al 34%, de acuerdo con el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías elaborado por Impunidad Cero. Hablar de un sistema que favorece automáticamente a quienes denuncian resulta difícil cuando las propias instituciones siguen expulsando a las víctimas mediante procesos lentos, revictimizantes e ineficientes.
Algo similar ocurre con la prisión preventiva oficiosa. Se trata de una figura ampliamente cuestionada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos porque impone el encarcelamiento automático sin valorar las circunstancias particulares del caso y cuyo catálogo de delitos no ha dejado de ampliarse. Pero responsabilizar a las mujeres de esta realidad carece de sentido. La prisión preventiva oficiosa es una decisión del Estado mexicano.
Además, quienes sostienen que el sistema está diseñado para encarcelar hombres por denuncias de mujeres suelen omitir un dato incómodo: el problema de las personas privadas de la libertad sin sentencia afecta especialmente a las mujeres. El 46.3% de las mujeres privadas de la libertad permanecen sin sentencia, frente al 35.7% de los hombres. Si de verdad preocupa la prisión preventiva, entonces la discusión debería centrarse en reformar esa medida cautelar y no en utilizar a las mujeres como chivo expiatorio.
Eso no significa que el caso del profesor Jasso Cruz no deba analizarse con absoluta seriedad. Al contrario. Este caso evidencia posibles deficiencias en los protocolos institucionales para atender denuncias de violencia y la enorme responsabilidad que tienen las autoridades cuando una investigación se desarrolla en medio de una intensa exposición pública. También demuestra cómo la circulación de información, rumores y versiones no verificadas puede tener consecuencias devastadoras para todas las personas involucradas, al grado de que alguien llegue a contemplar o consumar el suicidio.
Pero también exhibe los mitos con los que desde hace años se intenta explicar el funcionamiento del sistema penal mexicano. La narrativa de que "una simple denuncia" basta para destruir automáticamente la vida de un hombre no resiste el contraste con los hechos. El profesor no fue detenido ni permaneció en prisión preventiva; enfrentaba el procedimiento en libertad y conservaba intacto su derecho de defensa. Esa realidad contradice el discurso según el cual una denuncia implica, por sí misma, la pérdida inmediata de todos los derechos procesales.
El caso también deja preguntas incómodas sobre la manera en que se desarrolló la discusión pública. La adolescente denunciante fue expuesta en redes sociales mediante la difusión de información que permitió su identificación y quedó en medio de un ambiente de hostigamiento que nunca debió producirse. Al mismo tiempo, el suicidio del profesor constituye una tragedia humana que cerró cualquier posibilidad de que los hechos fueran esclarecidos mediante un proceso judicial. Hoy ninguna de las partes obtuvo una resolución. No hubo sentencia que absolviera ni sentencia que condenara. Lo único que quedó fue una batalla de narrativas que cada grupo utiliza para confirmar aquello que ya creía.
Hay algo más que también deberíamos preguntarnos. Desde hace años, referentes de la machósfera han construido una narrativa basada en el miedo y la desinformación sobre el sistema de justicia penal. A través de redes sociales, podcasts y canales de video repiten una y otra vez que los hombres viven bajo un régimen de persecución, que basta la palabra de una mujer para destruir una vida y que el feminismo ha secuestrado las instituciones. Ese discurso no sólo deforma el debate público: también instrumentaliza a hombres que atraviesan momentos de vulnerabilidad, frustración o desesperación para dirigir su enojo hacia las mujeres, en lugar de señalar las verdaderas fallas del Estado.