Cuando una mujer denuncia, le preguntamos por qué tardó. Cuando retira la denuncia, por qué perdonó. Cuando regresa, por qué se agachó. Y cuando no puede salir, por qué no trabajó antes para tener independencia. Siempre hay una pregunta más difícil y más injusta para ella. Muchísimas menos para el sistema que le impide irse y para el hombre que la agredió.
María Felicia Jiménez Lavié denunció públicamente a su esposo, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. Difundió los videos de las cámaras de su casa en Morelos, contó que había sufrido violencia física, psicológica y económica, dijo que había tardado en hablar por miedo al poder y a las relaciones de él. Después, escribió una carta para otorgar el perdón y pidió no continuar con el proceso. Entonces comenzó el otro juicio. El juicio en contra de ella.
Hubo quienes hablaron hasta de traición al movimiento feminista, quienes aseguraron que su decisión desincentivaría a otras mujeres a denunciar y quienes concluyeron que, si iba a perdonarlo, no tenía caso haber expuesto la violencia. También hubo sospechas de amenazas, manipulación y presión familiar; voces que recordaron la dependencia económica, el desgaste emocional y la existencia de un hijo; funcionarias, activistas y usuarias que pidieron no juzgar una decisión que difícilmente puede analizarse como si hubiera sido tomada en completa libertad.
Pero ahí estaba otra vez la víctima perfecta que tanto nos gusta fabricar. La que denuncia inmediatamente, no tiene miedo, no duda, no regresa, no depende, no se contradice, nunca se cansa y sostiene durante años un proceso judicial sin que se le mueva un músculo. Una especie de heroína feminista que debe cumplir con el guion completo para conservar nuestra solidaridad. De pronto, la conducta del agresor importaba menos que la de la mujer que lo perdonó.
Rodríguez Padilla fue vinculado a proceso por violencia familiar y seguirá enfrentándolo en libertad, con restricciones para acercarse a su esposa y a su hijo. El perdón influyó en el cambio de la medida cautelar, pero no extinguió automáticamente la investigación abierta porque el delito se persigue de oficio. La verdad es que no sabemos por qué María Felicia perdonó. Y no deberíamos llenar ese vacío con la explicación que mejor acomode nuestras convicciones. Sabemos lo que ella denunció y sabemos que habló de dependencia económica. Lo demás no, aunque guste tanto adelantarse.
Lo que sí conocemos es el país en el que tomó esa decisión. En el primer trimestre de 2026, apenas 45.2% de las mujeres mexicanas de 15 años y más participaba en el mercado laboral —es decir, trabajaba o buscaba activamente un empleo, frente a 74% de los hombres. De las mujeres que sí estaban ocupadas, 55.3% trabajaba en la informalidad, 54.8% ganaba hasta un salario mínimo y 4.8% no recibía ingresos. La OCDE utiliza otro rango de edad y otra metodología, pero llega al mismo problema: la participación femenina mexicana sigue muy por debajo de la de otros países y la brecha frente a los hombres permanece entre las mayores de la organización.
Así que la independencia económica no es solamente una buena actitud, una cuenta de Instagram sobre empoderamiento o un taller para aprender a creer en una misma. Es tener un ingreso suficiente, seguridad social, vivienda, una red que ayude con los hijos, acceso a un abogado y la posibilidad real de empezar otra vida. La violencia económica es de las más frecuentes y silenciosas. Nos burlamos de las que perdonan porque no somos las únicas que lo hemos hecho, o para seguir recargándonos en la negación de los niveles de daño y violencia. Nos indignan las que regresan porque no estamos en su lugar.
Existe un programa de gobierno para las mujeres en situación de violencia que combina un apoyo económico equivalente al salario mínimo durante seis meses con atención psicológica, jurídica y social para mujeres en vulnerabilidad económica, especialmente aquellas en riesgo crítico o feminicida. ¿Llega a todas las que lo necesitan? ¿Es una política pública en toda la extensión de la palabra?
Las politólogas Mala Htun (Universidad de Nuevo México) y Francesca Jensenius (Universidad de Oslo) estudiaron el efecto de la legislación mexicana contra la violencia hacia las mujeres y encontraron que incluso las leyes aplicadas deficientemente pueden empujar cambios sociales: durante el periodo que analizaron disminuyeron las actitudes que justificaban la violencia, aumentaron las denuncias y más mujeres conocieron sus derechos. Las sociedades cambian cuando cambian sus leyes, sus programas, su lenguaje y las señales que emiten quienes tienen poder. Pero también retroceden cuando un hombre denunciado por tentativa de violación por su media hermana, como Cuauhtémoc Blanco, conserva el escaño y el fuero después de que la Cámara de Diputados desecha la solicitud para retirárselo y, tiempo después, aparece en televisión opinando sobre el Mundial y nadie dice nada.
Una mujer puede perdonar por amor, miedo, presión, esperanza, dependencia, cansancio, por sus hijos o por una combinación de todo lo anterior. Podemos lamentarlo. Podemos desear que no regrese. Podemos exigir que el Estado continúe investigando. Lo que no podemos hacer nadie es utilizar su perdón para borrar la agresión, absolver al hombre y colocarla a ella en el banquillo.
El perdón de una mujer no convierte al agresor en inocente. Solo deja al descubierto qué tan difícil sigue siendo no perdonarlo, qué tan imposible sigue siendo esta vida para ellas. Una mujer será verdaderamente libre de perdonar cuando también tenga con qué no hacerlo.
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