La verdadera modernización de la justicia no consiste en llenar de pantallas una institución, sino en lograr que el Estado llegue más rápido, más lejos y mejore la vida de las personas. Una Fiscalía moderna no es la que acumula información, sino la que sabe convertirla en verdad, en investigaciones sólidas, en protección efectiva para las víctimas, en reparación del daño y en resultados que la ciudadanía pueda reconocer.

Esa es la fuerza central del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, de la Fiscalía General de la República: dejar atrás la inercia institucional para consolidar una procuración de justicia basada en evidencia, priorización, inteligencia, coordinación y sentido humano. No se trata sólo de administrar expedientes, se trata de comprender fenómenos criminales. No se trata de reaccionar tarde, se trata de anticipar patrones. No se trata de perseguir delitos de manera aislada, se trata de desarticular estructuras que dañan la paz, la libertad, el patrimonio, la seguridad y la dignidad de las personas.

El propio diagnóstico del Plan parte de una premisa clara: los avances en seguridad pública sólo se consolidan si van acompañados de investigaciones que lleguen a juicio, carpetas sólidas, inteligencia criminal, persecución penal eficaz y estructuras criminales desmanteladas desde sus raíces financieras y operativas. Por eso, la Fiscalía no parte de cero, parte de datos verificables, de líneas institucionales y de una decisión estratégica de transformar capacidades, procesos y resultados.

México necesita una procuración de justicia capaz de responder a una realidad criminal cada vez más compleja. Esa respuesta exige investigación científica y multidisciplinaria, análisis estratégico, coordinación con fiscalías locales y autoridades de seguridad, presencia territorial, trazabilidad procesal, fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, investigación financiera y patrimonial, así como sistemas de información útiles para tomar mejores decisiones.

Ahí se ubica el Nuevo Modelo de Investigación e Inteligencia: un cambio de paradigma para abandonar la lógica tradicional del caso aislado y avanzar hacia investigaciones integrales, transversales y estratégicas. La inteligencia no aparece como adorno técnico, sino como herramienta para identificar mercados criminales, seguir flujos financieros ilícitos, mapear estructuras, priorizar objetivos y construir casos capaces de llegar a juicio con solidez probatoria.

La tecnología, bien gobernada, no deshumaniza. Al contrario, puede hacer visible lo que antes se perdía entre trámites, rezagos y fragmentación burocrática. Sistemas interoperables, Justici@Net, salas de mando, trazabilidad, análisis criminal, productos de inteligencia y gobernanza tecnológica deben servir a un objetivo superior: que la Fiscalía investigue mejor, litigue mejor, coordine mejor y rinda mejores cuentas.

Pero el corazón del Plan no es tecnológico, es humanista. La procuración de justicia debe partir de una convicción esencial: la justicia no es un privilegio, es un derecho. Por eso, Verdad, Justicia y Reparación son objetivos medulares de la actuación institucional. Colocar a las víctimas al centro significa comunicar con claridad, acompañar con sensibilidad, evitar la revictimización, garantizar acceso efectivo a la justicia y asumir que cada carpeta representa una historia humana que exige respuesta.

La priorización tampoco significa seleccionar arbitrariamente. Significa dirigir los recursos del Estado hacia los delitos que más lastiman al pueblo: delincuencia organizada, feminicidio, homicidio vinculado a estructuras criminales, desaparición de personas, violencia sexual, secuestro, extorsión, tortura, trata de personas, armas, narcóticos e hidrocarburos. Priorizar es reconocer que la igualdad en la justicia no consiste en tratar igual lo que daña de manera distinta, sino en responder con mayor intensidad donde el daño social es más profundo.

El Plan también tiene una dimensión territorial decisiva. La criminalidad no se distribuye de manera uniforme: cambia por región, por mercado ilícito, por capacidad institucional, por rutas logísticas y por condiciones sociales. Por eso, fortalecer las Fiscalías Federales en las entidades federativas no es una decisión administrativa menor; es llevar la inteligencia criminal al territorio, acercar la acción ministerial a la realidad regional y permitir que los casos de alto impacto se construyan con mayor eficacia.

Especial relevancia adquieren las estrategias nacionales frente a la violencia contra las mujeres, la extorsión y la búsqueda de personas desaparecidas. En estos ámbitos, el Plan reconoce que la persecución penal debe incorporar perspectiva de género, análisis de contexto, coordinación con fiscalías locales, atención digna a familiares y víctimas, y capacidades científicas para romper ciclos de impunidad. No puede haber justicia inteligente sin justicia sensible al dolor social.

La reconstrucción de la confianza pública es otro eje fundamental. Una Fiscalía que investiga con rigor, explica sus decisiones, combate la corrupción, transparenta sus resultados y coloca a las personas en el centro, fortalece algo más que su legitimidad institucional, fortalece la infraestructura democrática del país. Sin confianza, la legalidad se percibe lejana; con confianza, la justicia vuelve a ser una promesa común.

Por eso, el combate a la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad del personal, los canales de denuncia seguros y el control operativo de indicios no son temas accesorios, son condiciones indispensables para que la procuración de justicia tenga autoridad moral, eficacia pública y credibilidad social. La cero tolerancia a la corrupción es, en realidad, un valor estratégico para que todo el Plan funcione.

Bajo la conducción de la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, el Plan asume esta transformación no como un expediente de reorganización, sino como una responsabilidad histórica. Su liderazgo aporta a este momento del país una combinación especialmente valiosa: firmeza frente al delito, claridad estratégica para ordenar capacidades institucionales, convicción democrática para colocar la legalidad en el centro y sensibilidad humana para reconocer que detrás de cada investigación hay víctimas, familias y comunidades que esperan verdad, justicia, reparación y no repetición. En esa conducción se advierte una idea poderosa: la Fiscalía no puede ser una institución distante ni meramente reactiva; debe ser una presencia pública confiable, profesional, cercana al pueblo y capaz de convertir la ley en protección efectiva de derechos.

Mirado en prospectiva, el Plan Estratégico 2026-2029 no sólo atiende urgencias: ordena el porvenir institucional de la procuración de justicia. Sus ejes se consolidan con disciplina, evaluación pública y continuidad operativa, y México así avanza hacia una Fiscalía que anticipa riesgos, interviene con inteligencia en los territorios, protege a las víctimas desde el primer contacto, debilita mercados criminales y hace de cada dato un instrumento de verdad y de cada procedimiento una garantía de derechos. Esas son las claves responsables de esta etapa: convertir la modernización en confianza, la coordinación en eficacia, la tecnología en justicia y la integridad en autoridad moral.

Porque la justicia del siglo XXI no será fuerte sólo por castigar más, sino por investigar mejor, proteger mejor, coordinar mejor y rendir mejores cuentas. La justicia que México necesita debe tener datos, sí; tecnología, también; inteligencia, por supuesto; pero, sobre todo, rostro humano, sentido social y vocación democrática. Con una Fiscalía más ordenada, más científica, más territorial, más coordinada, más íntegra y más humana, y con una Fiscal General que encabeza este proceso con firmeza, sensibilidad, legalidad y visión de Estado, la procuración de justicia deja de ser un procedimiento del Estado para convertirse en una fuerza pública de transformación, paz y dignidad.

Titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República y Académico de la UNAM

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