Intentaré resumirlo: la IA es importante para la democracia por varias razones. 1), porque transforma la manera en que las y los ciudadanos acceden a la información, se informan y participan en la conversación pública. 2), porque está modificando las reglas del mercado, la academia, la salud, la política y otros ámbitos centrales de la vida social. 3), porque no se trata solo de aplicaciones aisladas, sino de un conjunto de herramientas, infraestructuras y modelos que requieren regulación y gobernanza. 4), porque tiene impactos ambientales significativos en términos de consumo de agua, energía y materias primas. 5), porque inaugura una relación con los datos de una escala e intensidad inéditas. 6), porque incide cada vez más en procesos de toma de decisiones públicas. Para este artículo agregaría una dimensión más: 7) la calidad del debate público sobre IA, así como la diversidad de actores institucionales convocados a discutirla, también permite observar los niveles de democracia o desdemocratización de un país.
Ahora, desde 2021, la UNESCO lleva construyendo indicadores para conocer el estadio de preparación que tienen los Estados para adoptar la IA a nivel masivo en su ciudadanía. A México no le ha ido del todo bien: en su informe de 2024, la UNESCO concluye que México pasó de ser un país pionero en la agenda latinoamericana de IA a perder impulso institucional. En 2018 inició una estrategia nacional de IA y tuvo presencia activa en foros internacionales, pero actualmente no cuenta con una estrategia nacional vigente ni con un marco claro de gobernanza. El informe muestra que el país ocupaba el lugar 22 entre 35 países en el Government AI Readiness Index de 2017/2018. En la evaluación más reciente citada por el informe, la de 2023, México aparece en el lugar 68 de 193 países, cediendo liderazgo regional y global. Por tanto, desde 2018 perdió 46 puestos en el ranking. Todo lo anterior está sustentado en que la IA no ha sido una prioridad de las agendas políticas después de 2018.
En México, la inteligencia artificial se ha convertido en un tema de alto interés público por sus implicaciones económicas, educativas, laborales, jurídicas, culturales y democráticas. Por ello, cabría esperar una discusión pública mucho más amplia, sostenida y plural: más foros especializados, debates legislativos informados, articulaciones entre academia y tomadores de decisión, vínculos entre congresos nacionales y subnacionales, empresas tecnológicas, sociedad civil, escuelas, organismos públicos y otros actores institucionales y mayor gobernanza de datos locales y federales.
Sin embargo, esta expectativa contrasta con una realidad todavía limitada. La conversación pública sobre IA en México permanece fragmentada, intermitente y, como muchos otros temas, centralizada y opaca. Hay buenas intenciones dogmáticas, pero pocas claridades orgánicas; un ejemplo de ello son los Principios de Chapultepec. Declaración de ética y buenas prácticas para el uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial de la SECIHTI (https://secihti.mx/ciencia-y-humanidades/principios-de-chapultepec-declaracion-de-etica-y-buenas-practicas-para-el-uso-y-desarrollo-de-la-inteligencia-artificial/), que sirve como una narrativa aspiracional, meramente declarativa, pero que resulta poco concluyente y con pocos efectos operativos, o nulos. Otra intención plausible, aunque todavía situada en el terreno de las intenciones aisladas y sin marcar una agenda clara de gobernanza, es la impulsada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones con la creación de escuelas de IA (barrocamente nombrados El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial). Si bien la iniciativa de “volver” competentes a las y los jóvenes mexicanos en temas de IA y programación es, a todas luces, un proyecto valioso, resulta importante señalar que esto no resuelve, de ninguna manera, el problema (únicamente lo centraliza). Incluso, una crítica constante a este tipo de enfoques es que reducen a la IA a un asunto de competencias para el mercado, cuando el debate, por su profundidad, apunta más bien a una mutación antropológica de la ciudadanía. Una última ejemplificación de buenas intenciones es la Comisión de análisis y evaluación de la IA del Senado, que se instaló el lejano 15 de octubre de 2024 y que en 2026 presentará dos documentos: uno ejecutivo y una propuesta de regulación, pese a que hubo una dinámica mayor de participantes: empresas, academia, investigadores, ingenieros. Da la sensación de que sigue siendo un asunto de “pocos”. Solo apuntaría: si le han preguntado a algún joven por qué usa IAg, por qué la usa en mayor medida para gestión emocional, o a los padres de familia qué miedos tienen al respecto, o a los trabajadores qué sienten de los grandes procesos de automatización, o a las comunidades a las que les instalan centros de datos al lado de sus casas qué piensan de todo esto. Bueno, falta diálogo y aceptar que este tema nos interesa a todos.
El otro extremo es el debate lento que conduce a regulaciones extemporáneas, como ocurrió con la Unión Europea. Su Ley de Inteligencia Artificial (https://artificialintelligenceact.eu/es/), aunque se aplica de manera paulatina, corre el riesgo de resultar operativamente obsoleta frente a la velocidad con la que cambian los modelos, las plataformas y los usos sociales de la IA. La sugerencia no es discutir indefinidamente ni sobrerregular, sino evitar que la falta de deliberación pública termine en una forma de desdemocratización tecnológica: decisiones tomadas por pocos actores, con baja participación social y con marcos normativos que llegan tarde. En México hace falta un debate más profundo, plural y sostenido, con la participación de la academia, la sociedad civil, los sectores públicos, las comunidades afectadas, las juventudes, los trabajadores y los actores tecnológicos, cuyo horizonte no sea reducir el debate a cuántas competencias sobre IA se obtienen, sino preguntar bajo qué condiciones se desarrollan estas tecnologías, quién define sus usos legítimos, qué actores concentran sus beneficios, qué riesgos se distribuyen socialmente, qué mecanismos democráticos existen para gobernarlas y qué prácticas desdemocratizadoras deben detenerse para llegar a buen puerto.
Daniel Innerarity, filósofo español, escribió en 2024 un informe para la UNESCO sobre inteligencia artificial y democracia. En él plantea una idea central que quiero proponer como cierre de este artículo: “Sólo hay verdadera democracia allí donde la ciudadanía está informada, tiene abiertos canales de participación e influencia y puede intervenir de algún modo en las decisiones que le afectan… Para esto es para lo que sirve la política y para lo que no sirven los algoritmos.”