La confianza se construye con señales nítidas, reglas claras y una realidad que respalde las promesas. El recientemente anunciado "Plan México: Acciones Inmediatas para la Inversión" llega en un momento de definiciones profundas para nuestra economía.
Desde COPARMEX, hemos insistido en que el país necesita una sacudida de competitividad que nos permita aprovechar la ventana histórica del nearshoring. Sin embargo, para que los 5.6 billones de pesos proyectados pasen del papel a la infraestructura, el Plan debe respirar certeza jurídica y, sobre todo, garantizar la seguridad de quienes arriesgan su capital.
Hay que reconocer con honestidad los aciertos. El compromiso por la simplificación administrativa es, quizás, la victoria más tangible para el ecosistema empresarial en este arranque. Los datos de #DataCoparmex 2025 son contundentes: casi la mitad de nuestros socios (48.9%) pelea mes con mes contra un muro de trámites que consume hasta 82 horas de productividad. Que hoy se hable de una ventanilla única, de un expediente digital y de la "afirmativa ficta" a 90 días no es un tema menor; es quitarle el freno de mano a la inversión.
Si logramos replicar a escala nacional el éxito que ha mostrado COFEPRIS al reducir sus tiempos de resolución, estaremos enviando un mensaje potente al mundo: México finalmente entiende que el tiempo del inversionista es sagrado.
Del mismo modo, la apertura en el sector energético mediante el esquema de participación público-privada (54/46) para generar hasta 3,300 MW es una señal de pragmatismo que celebramos. Sin energía suficiente, limpia y competitiva, el Plan México será un motor sin combustible.
Pero la visión de desarrollo debe ser integral para ser sostenible. Aquí es donde la hoja de ruta requiere ajustes de precisión. Inquieta la intención de integrar a la PRODECON dentro de la Secretaría Anticorrupción. La defensa del contribuyente no puede ser juez y parte; la independencia técnica, operativa y presupuestaria de esta institución es el último dique de protección para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
Debilitar su autonomía es restarle un contrapeso esencial a la relación entre Estado y ciudadanos. La coordinación institucional es bienvenida, pero la subordinación es un riesgo que no podemos correr.
En la misma frecuencia de la certeza jurídica, el fortalecimiento del Poder Judicial es innegociable. La inversión busca refugio donde la ley se aplica sin sesgos. Los procesos de elección de personas juzgadoras deben posponerse hasta 2028. La improvisación es el peor enemigo de la justicia. Necesitamos comités de selección independientes que prioricen el mérito y la carrera judicial por encima de cualquier otra consideración. Sin jueces imparciales y expertos, la confianza se erosiona antes de que el primer ladrillo sea colocado.
Hay, además, un elefante en la habitación que el Plan México no puede ignorar: la seguridad. No existe incentivo fiscal o simplificación de trámites que compense el miedo de un transportista en la carretera o el cobro de piso en una MiPyME. Sin una estrategia integral que pacifique los territorios y devuelva el Estado de Derecho a cada municipio, los beneficios del Plan se diluirán en costos de vigilancia y pérdidas patrimoniales.
Finalmente, el éxito de esta ambiciosa apuesta depende de la armonía. No basta con que la Federación simplifique si el municipio entorpece. La coordinación entre los tres niveles de gobierno es la única vía para que el impacto llegue a las regiones más necesitadas.
México tiene una oportunidad de oro. El Plan México es un paso adelante, pero requiere el sello de la certidumbre.
En COPARMEX estamos listos para colaborar, para proponer y para vigilar que este esfuerzo se convierta en bienestar real bajo el Modelo de Desarrollo Inclusivo. Es momento de actuar con altura de miras: menos burocracia, más justicia y, sobre todo, un México seguro para invertir y vivir.
#OpiniónCoparmex
Presidente Nacional de COPARMEX