El programa Agua de Bienestar del Gobierno de la Ciudad de México, que promete envases de agua purificada a sólo cinco pesos en colonias vulnerables, dista de ser la solución que se promueve en infomerciales y ceremonias de inauguración de las “Rellenadoras del Bienestar”. Es, en esencia, un mecanismo clientelar disfrazado de política social: uno que no sólo evade la raíz de la crisis hídrica, sino que la agrava al ofrecer procesos de dudosa calidad y soluciones que el mercado ha demostrado pueden poner en riesgo la salud pública.
A año y medio de su inauguración, se confirma lo advertido: las plantas purificadoras operan bajo estándares que no cumplen con las características técnicas y normativas mínimas. No es menor. Estudios independientes, realizados por laboratorios certificados por Cofepris, señalan que hasta el 67% de los envases expendidos en rellenadoras de la Ciudad de México presentan contaminación bacteriana, principalmente por coliformes. La Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) ha suspendido cientos de establecimientos por irregularidades como garrafones sucios, falta de control de plagas y procesos deficientes. ¿Por qué suponer que las “Rellenadoras del Bienestar” serían la excepción?
El problema de fondo es otro. Este programa no resuelve la crisis estructural del agua. La escasez no nace de la falta de envases baratos, sino de la mala calidad del agua que llega a los hogares, consecuencia del rezago en inversión, sobreexplotación de pozos, contaminación de acuíferos y una gestión ineficiente del sistema hídrico.
En lugar de reparar fugas (más del 40% del agua potable se pierde en ellas), modernizar la red o construir plantas de tratamiento, el gobierno opta por la vía fácil: subsidiar un producto que, en el mejor de los casos, llega tarde y mal a las colonias con mayor estrés hídrico. A más de un año de su lanzamiento, el programa ni siquiera cubre las zonas más críticas, mientras se expande donde el rédito político es mayor.
Ahí está el problema. Agua de Bienestar no compite en calidad ni transparencia; se presenta como un “apoyo” que genera dependencia. Las reglas facilitan la exclusión de beneficiarios, pero no garantizan algo esencial: que el agua sea segura. Se construye lealtad política mientras se desplaza a proveedores privados que operan bajo regulación.
El resultado es previsible. Crece la desconfianza hacia el agua entubada y se legitima un mercado que reduce estándares. El sector de rellenadoras ya ha mostrado que los procesos de bajo costo implican mayores riesgos sanitarios. No es casualidad que las purificadoras más serias inviertan en ósmosis inversa, controles microbiológicos y trazabilidad. El programa, en cambio, privilegia volumen y precio por encima de la calidad.
Ofrecer agua potencialmente contaminada a las familias más vulnerables no es política social: es irresponsabilidad.
Conviene decirlo sin rodeos. Agua de Bienestar no combate la crisis hídrica; la administra políticamente. No mejora la calidad del agua; la convierte en instrumento de control. Y no protege la salud; la expone a riesgos ya documentados.
México no necesita paliativos. Necesita inversión en infraestructura, regulación estricta para todas las purificadoras, transparencia en los análisis y una política que ponga en el centro el derecho al agua potable.
Porque el bienestar real no se reparte en garrafones. Se construye desde la raíz. Y hoy los ciudadanos merecemos agua segura, no subsidios que también nos enferman
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