Si usted piensa que el Estado y sus operadores son la síntesis de la virtud, que invariablemente actúan de manera legal y legítima y que las personas, cada una de ellas, no son más que un pequeño engrane dentro de una maquinaria que tutela el bien de todos, entonces es posible que vea con buenos ojos que las cuentas bancarias puedan ser congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (adscrita a la Secretaría de Hacienda, es decir, dependencia del Ejecutivo) sin orden judicial. Ahora bien, si usted cree que los ciudadanos tienen (tenemos) derechos que deben ser protegidos en contra de las eventuales arbitrariedades que se cometen desde las instituciones estatales, entonces verá con alarma lo que acaba de consolidar la Suprema Corte de Justicia al aceptar que lo enunciado sea posible y, según ellos, legal.
Los primeros, los que apuestan a un fortalecimiento de las facultades estatales sin contrapesos que defiendan los intereses de las personas, no han asimilado las lecciones de la historia que una y otra vez han demostrado que por esa vía lo único que se construyen son dictaduras. Los segundos sabemos que el piso de nuestra convivencia debe solidificarse a través de la expansión de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Lo primero tiende a generar abusos del poder e indefensión de los particulares. Lo otro, intenta que cada uno de los ciudadanos pueda contar con una batería de normas e instituciones para poder hacer frente a posibles arbitrariedades.
Se suponía ingenuamente que la Corte no validaría una norma que deja en la absoluta indefensión a los ciudadanos, porque a todas luces se trata de una disposición contraria a pautas internacionalmente aceptadas y refrendadas. Pero dada la nueva Corte, alineada a la voluntad gubernamental, las maromas argumentativas se hicieron presentes. Se planteó que se trata solo de una “medida cautelar”, que curiosamente acaba con la presunción de inocencia y erosiona el debido proceso, porque primero se castiga y luego se juzga. Se arguyó que es necesaria para combatir la delincuencia y vaya que si hace falta congelar e incluso expropiar recursos mal habidos. La presidenta y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, aseguraron que el objetivo es inmovilizar recursos ilícitos cuando se encuentren “indicios de lavado de dinero”. Finalidad loable y necesaria, ¿pero para ello es necesario borrar el eslabón del mandato judicial para proceder? ¿e “indicios” no es un término excesivamente vago como para temer atropellos por parte de la autoridad?
El titular de la UIF, tomando nota de la incertidumbre y el malestar que se había inyectado, dijo: “no realizamos persecución política, somos una autoridad administrativa y preventiva para la salvaguarda de las finanzas y de la economía de este país”. Aceptando sin conceder o concediendo sin aceptar (o como se diga), si así fuera por el momento, nada garantiza que, en un futuro próximo, esa desbordada facultad se active en contra de quienes se consideren, desde el poder, como adversarios y peor aún como enemigos. Recordemos, porque hace falta, que las disposiciones legales deben redactarse de tal forma que sean una barrera no solo para los hombres probos sino sobre todo para los que no lo son.
Total, que eslabón tras eslabón, se está construyendo una nueva legalidad que robustece facultades estatales excedidas sin tomar en cuenta y vulnerando los derechos de los ciudadanos a los que se piensa como súbditos.
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