Sergio López Ayllón y Pedro Salazar Ugarte han escrito un breve pero iluminador y preocupante ensayo sobre cómo se han construido las bases normativas de un Estado policial en México (Nexos, agosto 2026). Describen y analizan cómo se han aumentado facultades discrecionales para diferentes instancias estatales, mientras se multiplica la desprotección de los ciudadanos frente a ellas. Señalan que su texto no habla de “hechos consumados”, pero “el andamiaje jurídico ya está en pie” y es una amenaza real.
Nos recuerdan que el populismo es “una manera de hacer política” que “convierte a los adversarios en enemigos del pueblo”, y suele seguir un libreto: gana en democracia elecciones, “simplifica al mundo” en dos grandes bandos, “deslegitima a la oposición”, “captura al Estado” y “toma el espacio comunicativo”.
En México, nos dicen, las pretensiones del gobierno de López Obrador fueron develadas con mayor claridad con las iniciativas de reforma constitucional que presentó el 5 de febrero de 2024: porque al tiempo que se constitucionalizaban las políticas sociales, se concentraron facultades en el Ejecutivo al desaparecer a varios órganos autónomos del Estado, se refundó para capturarlo al Poder Judicial, se multiplicó “el poder punitivo y la militarización” con la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y se pretendió remodelar la esfera electoral, y ya que eso no resultó, colonizaron al Consejo General del INE y la sala superior del Tribunal Electoral.
Pero el nudo fundamental de la tendencia a construir un Estado policial puede apreciarse en tres grandes dimensiones: A) junto a la elección de jueces, magistrados y ministros alineados al gobierno, se han ampliado las causales para aplicar la prisión preventiva, lo que cancela la presunción de inocencia. Se han blindado las reformas constitucionales frente al control judicial, de tal suerte que la voluntad de una mayoría calificada en los órganos legislativos resulta inimpugnable. Y si a ello sumamos que “el recurso de amparo ha sido neutralizado”, dado que los actos de la autoridad no se suspenden, entonces tenemos como resultado que los ciudadanos carecen de fórmulas de defensa efectiva frente al Estado.
B) Desde 2025 se obliga “a interconectar todas las bases de datos”, sean públicas o privadas; al registro de líneas telefónicas y la CURP biométrica. De tal suerte que existe la posibilidad de la “trazabilidad total de la vida personal y empresarial, sin controles judiciales ni protección de datos”. Y como apuntan los autores, se suponía que el Estado constitucional de derecho erigía una serie de casamatas para contener la pulsión de vigilancia del Estado sobre los ciudadanos. Y si a ello le sumamos que la Corte validó el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la UIF “con base en simples indicios”, las personas quedan en un absoluto estado de indefensión. Además, desde 2025, las plataformas digitales deben permitir a las autoridades fiscales acceso permanente a toda su información.
C) La pretensión de control del espacio comunicativo que se expresa en la “estigmatización desde el poder” de medios, periodistas, académicos, partidos y agrupaciones civiles con agendas propias; el financiamiento público discrecional a los medios: generoso con los alineados y castigando a los independientes u opositores.
Ese recuento, nos alertan, desemboca en que “el Estado dispone ya del armazón legal para dar vida a un Estadio policial… sin que jueces imparciales puedan activar las defensas que la Constitución suponía garantizar”.
Profesor de la UNAM
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.