A lo largo de su vida, una persona pasa por distintas etapas. Si pensamos en la etapa laboral, quizá los dos momentos más significativos de la misma sean los extremos: la entrada y la salida del mercado laboral. La entrada, al ser el comienzo de la carrera profesional con todo lo que esto implica, es significativa per sé. Sobre la salida, el hito muy probablemente sea la jubilación (cuando la hay). En la jubilación, las personas cesan sus actividades laborales, empero, sus necesidades de consumo siguen. De aquí la necesidad de guardar recursos hoy para transferirlos al futuro, ahorrar para esos días en los que ya no se percibe un salario por actividad en el mercado laboral.
Esta es la premisa de todo sistema de pensiones: suavizar el consumo entre generaciones. El sistema de pensiones debe garantizar el paso de recursos del presente al futuro sin comprometer drásticamente el uso de los mismos por las generaciones de hoy. Este objetivo es difícil de cumplir en un contexto como el de México, en el que el mercado laboral está fragmentado. Para ilustrarlo, basta con pensar que más de la mitad de la población ocupada en México es informal, 55.1% para ser exactos (ENOE, 2023). En este contexto, la informalidad no denota otra cosa más que el hecho de que estos trabajadores no cotizan en el sistema de pensiones.
En 1997, el sistema de pensiones mexicano transicionó de uno de reparto a uno fondeado. Antes de 1997, las pensiones eran financiadas pasando recursos de los trabajadores de hoy a los ya retirados, una especie de pacto entre generaciones. Este esquema era financieramente inviable principalmente por el cambio demográfico. Como pasa hoy, México iniciaba un periodo en el que cada vez más trabajadores salían del mercado con mayor esperanza de vida (pensión por más años), mientras que los cuadros que se incorporaban al mismo para nutrirlo con sus aportaciones eran insuficientes. Así, se introdujo el nuevo esquema de cuentas individuales en el que los recursos serían manejados por las Administradoras de los Fondos para el Retiro (AFORES).
El esquema de cuentas individuales buscó proteger los intereses de las y los trabajadores. Al ser ellos mismos quienes hacen aportaciones a lo largo de su estancia en el mercado laboral para su posterior retiro, sus derechos de propiedad quedan blindados de cierta forma. Hoy coexisten ambos esquemas con otras variantes tanto públicas como privadas, lo que genera importantes pérdidas en bienestar social. Fuera de fomentar la libertad económica, en la práctica, la portabilidad de derechos laborales y beneficios de un esquema a otro es en exceso limitada. Pensando que solo aquellos con suficientes medios podrán acceder a mejores planes de retiro, el sistema mexicano de pensiones resulta tan regresivo como perfectible.
La propuesta de Reforma que hoy se ha puesto sobre la mesa sí muestra un componente interesante de progresividad. Como toda decisión, esta debe analizarse en dos dimensiones: lo que se quiere y lo que se puede hacer. Sobre lo primero, se plantea que: si al retirarse, el trabajador cotiza a un salario menor que el promedio de cotización del IMSS, el Estado aportará lo faltante para que alcance ese “piso mínimo”, garantizando una tasa de reemplazo de 100%, siendo el promedio de cotización la referencia. Para responder a la factibilidad de la propuesta, se ha anunciado la creación del “Fondo Semilla”, que reasignará recursos de los extintos fideicomisos, de la (también propuesta) desaparición de Órganos Autónomos, entre otros, sumando un total de $64,000 MDP. La cifra parece buena para empezar, pero este es solo un ingreso contra los gastos recurrentes asociados a un sistema de pensiones.
En los primeros análisis, Citibanamex estimó que el costo del primer año del nuevo esquema de pensiones ronde los $430,000 MDP, por lo que el cambio será insostenible sin una debida Reforma Fiscal que lo acompañe. La moda de la distribución de ingresos de la población mexicana ocupada se sitúa por debajo de la media, es decir, el grueso de la población ocupada percibe un salario menor al promedio de cotización. En este sentido, sería positivo que el Estado compense los bajos ingresos, desgraciadamente no hay un plan de financiamiento asequible. Así, lo planteado está destinado a quedarse en el imaginario. Tristemente, una propuesta que parecía prometedora se limitará a mantener una campaña en tiempos de veda.
@JosePabloVinasM
