Los indicadores de salud de una población tienen que ver, entre muchos otros, con mediciones como la esperanza de vida; la disponibilidad y uso de los servicios de atención médica; el acceso a programas preventivos como los de vacunación, salud reproductiva, control de enfermedades transmitidas por vector; o los recursos disponibles para la atención de la población. Por supuesto que también se utilizan medidas de impacto negativo como la mortalidad con todas sus variantes, los años de vida perdidos o el exceso de muerte en un momento determinado.
El último día de octubre pasado, el Inegi liberó las cifras de la mortalidad de 2022. Con ello, se dispone de los datos de los cuatro primeros años del gobierno en turno. Una vez más, la información oficial da cuenta de la terrible incapacidad de las autoridades federales en salud y en otras áreas como la seguridad. El total de defunciones entre 2019 y 2022 asciende a 3 millones 804 mil 492 y supera en 46.4 por ciento la cifra de los primeros cuatro años de la administración federal anterior. La diferencia en número de defunciones alcanza un millón 205 mil 798.
Por supuesto que el pésimo manejo de la pandemia de Covid-19, al igual que la incompetencia para administrar los servicios de salud y asegurar el abasto de medicamentos e insumos médicos, además de subordinar las decisiones técnicas a las razones políticas y actuar de forma omisa en el caso del secretario de Salud y con soberbia y prepotencia en el del subsecretario, explican en buena parte los pésimos resultados alcanzados. Son cientos de miles de vidas que no debieron perderse, que llenaron de luto y dolor a las familias y la sociedad.
El fracaso de la política de seguridad es otro ejemplo de la incapacidad del gobierno en turno que, de nueva cuenta, supera en más de 54 mil homicidios las cifras registradas durante los cuatro primeros años del gobierno previo, 61 por ciento más defunciones. Esto empeora cuando se reconoce que además existen más de cien mil desaparecidos y que, en muchos de esos casos, en realidad se trata de homicidios encubiertos por la etiqueta de la desaparición.
Al estremecedor panorama anterior, se suma un nuevo embate, ahora en contra de los profesionales de la salud, en particular del personal médico y de enfermería. En efecto, en la Cámara de Diputados se aprobaron recientemente modificaciones a la Ley General de Salud sin las consultas previas necesarias, sin respeto por otras iniciativas presentadas previamente, con falta de técnica jurídica y violentando el artículo 24 de nuestra Constitución que protege la libertad de convicciones éticas y de conciencia de la que deriva el derecho de los profesionales de salud de acogerse a la objeción de conciencia y estar en posibilidad de abstenerse de realizar acciones que lastimen su dignidad y atenten en contra de sus convicciones personales.
Se trata ni más ni menos que de la amenaza de limitar, e incluso criminalizar el derecho a ejercer la objeción de conciencia en las instituciones de salud. Por supuesto que las reacciones no se han hecho esperar. Por lo pronto, 60 federaciones, asociaciones y colegios médicos de México, además de varios colegas en lo personal, hemos expresado nuestro rechazo a la iniciativa aprobada. Por ello hemos solicitado al Senado de la República que, en su calidad de cámara revisora, antes de resolver, abra un periodo de consulta para recoger las opiniones de afectados y expertos. ¡Qué necesidad de generar problemas!