Durante 40 años (del 25 de septiembre de 1986, cuando México ingresó al GATT, hasta el 31 de diciembre de 2025), nuestro país tuvo una etapa de 40 años de apertura comercial unilateral que lo convirtió en una potencia exportadora y en un atractivo para la inversión, principalmente la manufacturera. Sin embargo, este periodo termina este 1 de enero, cuando entre en vigor la modificación a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que aumentará aranceles a mil 463 fracciones tanto de bienes finales como de insumos arancelarias provenientes de países con los que México no tiene tratados de libre comercio (Singapur, Indonesia, Filipinas, India, Tailandia, Malasia, Vietnam, Corea del Sur, Taiwán, China, Brasil, entre otros).
El incremento de estos aranceles no es por prácticas desleales en comercio internacional (dumping o subsidios) o por evasión fiscal (subvaloración, subvaluación, contrabando, piratería); todo depende del producto y del sector (autopartes, autos ligeros, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, juguetes, textil, muebles, calzado, productos de marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio, jabones, perfumes y cosméticos).
El discurso del gobierno precisa que esta medida es para proteger a la industria nacional; no obstante, el cambio en la política arancelaria marca un punto de inflexión y México se alinea a los cambios geopolíticos que lidera Washington, sin tener una política nacional de exportación y, a la vez, se carece de una política de seguridad comercial estratégica. Si realmente el gobierno buscara resguardar la producción nacional con relación a abusos de aquellos terceros países con los que México no tiene acuerdos comerciales, se hubiera modificado todo el marco jurídico que ofrece beneficios fiscales a la importación.
Si analizamos la radiografía de las firmas de las aproximadamente 37 mil empresas exportadoras, el 93 por ciento de éstas gozan de esquemas de excepción para importar insumos que se incorporarán a un bien final, es decir, a través de los programas IMMEX, Draw Back, Prosec, Regla Octava, Cuenta Aduanera, por lo que, en gran medida, el crecimiento de las exportaciones es resultado de los incentivos fiscales que se otorgan a las importaciones (deducibilidad del pago de IVA, ISR, DTA, reducción o exención de impuesto de importación, cuotas compensatorias), puesto que las escasas cadenas de proveeduría nacional no cumplen con los estándares de calidad, o no tienen la capacidad de producción solicitada, sin que a la fecha se hayan implementado estrategias efectivas de articulación entre la producción del mercado interno con el esquema exportador-ensamblador.
En este sentido, recobra relevancia que, de 100% de las exportaciones manufactureras, 83% contiene (y requiere de) ensamblaje de bienes importados. Al respecto, la industria nacional construyó su proveeduría internacional y su cadena de suministro a través de insumos, materias primas, componentes, bienes de capital o bienes de uso intermedio, importados al amparo de las figuras fiscales de exención, reducción o excepción de impuesto de importación o eliminación de cuotas compensatorias.
Es innegable que hoy México está inmerso en la nueva fase de la órbita de seguridad de Estados Unidos para combatir al crimen organizado transnacional, terrorismo, narcotráfico y migración ilegal. Por lo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debe hacerle saber a la Casa Blanca que México es garante de la seguridad nacional del sur de Estados Unidos.
El “arancel Trump”, independientemente si entra en vigor, debe provocar en México un cambio de su política exportadora para evitar la dependencia del mercado estadounidense. México debe instrumentar tres estratagemas: 1. (Re)consolidar de manera inmediata relaciones con actores globales. Y en el mediano plazo, 2. Nueva oferta exportable, y 3. Reorientar sus mercados internacionales. Por ende, se requiere de una política de seguridad comercial que fortalezca la política nacional de exportación.
Al respecto, la Ley Federal de Seguridad Nacional establece que el Consejo de Seguridad Nacional diseñará acciones destinadas a la protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país, o quien presenta la información sobre comercio exterior en torno a tráfico de mercancías de uso dual que pueden destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos. Sin embargo, la Secretaría de Economía no es integrante de este Consejo.
Es preciso señalar que el marco legal que regula las importaciones y exportaciones no está en los parámetros de las nuevas medidas de seguridad comercial del Arreglo de Wassenaar; por ende, deben reformarse los artículos 35 y 36 de la Ley Aduanera, 4 y 5 de la Ley de Comercio Exterior, 2 de la Ley General de los Impuestos a la Importación y Exportación, 40 de la Ley de Infraestructura de Calidad, 2 de la Ley Federal de Sanidad Animal, 1 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 115 y 212 de la Ley General de Salud, 153 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y 94 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Con ello, se lograría que el comercio exterior forme parte del ámbito del Consejo de Seguridad Nacional que debe diseñar un sistema de inteligencia comercial que brinde prevención y respuesta contra amenazas externas mediante estratagemas aduaneras en torno a seguridad fronteriza, marítima y portuaria, de aviación, de viajeros, de carga y de biopretección.
Sin duda, es el momento para dar un drástico giro en la relación con Washington. En este sentido, es relevante rediseñar la estrategia acorde al interés nacional, ya que en asuntos de gran trascendencia como es el narcotráfico, comercio, seguridad, migración, cambio climático, y ciberseguridad, México ha reaccionado a la agenda de la Oficina Oval sin tener un hilo conductor en torno a un proyecto de nación de largo plazo.
Por ello, LACEN propone una Política de Estado hacia la Casa Blanca para redirigir la relación Bilateral con Estados Unidos, ya que la soberanía nacional puede ser avasallada por los riesgos que representa la presidencia 47 de Estados Unidos. El objetivo de esta política de Estado hacia Washington es reorientar la relación bilateral con Estados Unidos, ya que, ante las nuevas deportaciones masivas, una muralla, y una frontera blindada, México necesita construir una nueva relación con su vecino del norte, centrada en equilibrar su desarrollo interior, sin permitir imposiciones en la agenda bilateral, ni subordinarse a los intereses geopolíticos de la Casa Blanca.
Por ello, es necesaria una política de seguridad comercial estratégica cuyo objetivo sea impulsar una política nacional de exportación. Así, el Estado mexicano, a través del comercio exterior, innovaría su sistema de seguridad nacional.
Coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) y profesor del Centro de Relaciones Internacionales, UNAM