No hay nada más peligroso en una sociedad que perder la capacidad de dialogar y reconocer a todas las personas que la conforman. El Congreso de la Unión, como representación del pueblo y del pacto federal, tiene como principal actividad parlamentar sobre cualquier asunto con la intención de llegar a acuerdos, en este caso, relacionados con las leyes que permiten la convivencia social y garantizar el respeto a la dignidad de todas las personas.

Dialogar, o parlamentar como solemos decir en el Senado, implica escuchar la mayor cantidad de opiniones, dejar atrás el fanatismo y abrir nuestra mente a pensar que alguien más, además de mí y mi círculo cercano, pueda tener razón.

En México se está perdiendo este ejercicio. Ya no dialogamos ¿qué nos pasó?, cada vez es más difícil expresar nuestros pensamientos por miedo al rechazo o recibir una represalia. Podemos percibirlo en las conversaciones familiares, en el trabajo, en las redes, en medios de comunicación y, como reflejo de la polarización, en el Congreso.

En el Senado, por ejemplo, hemos ido perdiendo poco a poco la apertura al diálogo. Primero, frente a la ciudadanía y comunidades expertas que cada vez tienen una participación menor en las actividades legislativas y segundo, entre los grupos políticos que estamos cada día más distantes, no sólo por razones ideológicas, sino también por sesgos que a veces parecen rayar en la intolerancia.

A pesar de que el Senado ha adoptado como una buena práctica los Parlamentos Abiertos con el propósito de promover la apertura ciudadana en distintos ámbitos, la actual Legislatura ha quebrado este compromiso al no considerar a la ciudadanía y organismos internacionales en la construcción de diversas leyes.

Se les ha excluido como en el caso de las reformas en materia laboral, en la desaparición de fideicomisos de ciencia, cultura y derechos humanos, en la llamada #LeyCombustóleo que promueve las energías sucias y profundiza los problemas causados por la crisis climática. Ahora con las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que le resta responsabilidad a la Fiscalía en: la búsqueda de personas desaparecidas, la atracción de investigaciones de delitos locales y reduce la rendición de cuentas de la institución, entre otros retrocesos.

Este último ejemplo visibiliza aún más la simulación del grupo mayoritario en el Senado, pues a pesar de abrir un Parlamento Abierto, la falta de diálogo e inclusión hizo que se aprobara un dictamen sin incluir las preocupaciones ciudadanas. A pesar de que los colectivos de víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas, ONG´s, así como la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Búsqueda, se manifestaron en contra de la propuesta presentada por el partido Morena, se planea que la Ley Orgánica de la Fiscalía se apruebe sin cambios.

Si dejamos de dialogar y llegar a acuerdos, perderemos nuestra razón de ser como Poder Legislativo. Escuchemos todas las voces, dejemos atrás nuestras creencias, sé que es más fácil imponer, más cuando se cuenta con mayoría, pero estoy convencido de que es más inteligente y eficaz para el país, legislar de manera plural.

Agradezco enormemente este espacio que EL UNIVERSAL me ha dado. Espero, queridas y queridos lectores, que cada semana pueda platicar con ustedes acerca del trabajo legislativo en el Senado, mis redes de contacto siempre estarán abiertas al diálogo.

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