Para nadie resulta desconocido que México está inmerso en una de sus crisis de inseguridad y violencia más profundas de las últimas décadas. Esta no fue fruto de la casualidad ni la mala suerte, sino el resultado de una estrategia de seguridad cuyos resultados hoy son imposibles de ocultar: 200 mil homicidios, más de 150 mil desaparecidos, miles de masacres, comunidades desplazadas por la violencia y comunidades enteras donde los cárteles tienen más control que las autoridades, o son parte de lo mismo.
Las cifras son contundentes y reflejan una tragedia humana que va mucho más allá de cualquier disputa partidista. Detrás de cada número hay personas que perdieron a un hijo, una madre, un hermano o un amigo. Hay comunidades enteras que aprendieron a convivir con el miedo mientras el gobierno insistía en que el país avanzaba por el camino correcto.
La estrategia de “abrazos, no balazos” fue presentada como una alternativa al combate frontal contra la delincuencia organizada. Se afirmó que atender las causas sociales sería suficiente para disminuir la violencia y reconstruir el tejido comunitario. Sin embargo, una política pública no puede evaluarse por sus intenciones, se evalúa por sus resultados. Y los resultados son evidentes: los grupos criminales ampliaron su presencia, diversificaron sus actividades, fortalecieron su capacidad económica y consolidaron espacios de influencia que antes parecían impensables.
Lo más grave es que el fortalecimiento de estas organizaciones no sólo tuvo consecuencias en materia de seguridad. También abrió la puerta a un fenómeno que amenaza directamente a la democracia: la infiltración del crimen organizado en la vida pública. Cuando las estructuras criminales acumulan recursos, poder territorial e impunidad, inevitablemente buscan influencia política. Necesitan protección, acceso a información, capacidad de decisión y redes de complicidad que les permitan operar con menor riesgo. Esa es una realidad conocida en cualquier parte del mundo y México no ha sido la excepción.
Por ello resulta preocupante que cada vez surjan más investigaciones, reportes y señalamientos relacionados con figuras relevantes de Morena. Lamentablemente de gobiernos extranjeros. No corresponde emitir sentencias anticipadas ni sustituir el trabajo de las autoridades competentes, pero tampoco es aceptable responder a cualquier cuestionamiento con descalificaciones, teorías de conspiración o discursos nacionalistas que buscan desviar la atención del problema de fondo. Lo que los mexicanos exigen son respuestas claras, investigaciones imparciales y plena transparencia. Lo que los mexicanos exigen es vivir sin miedo.
Desde Acción Nacional hemos decidido actuar con responsabilidad frente a esta situación. Por esa razón presentamos una denuncia por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional para que se investigue la posible responsabilidad de quienes, teniendo la obligación constitucional de proteger a la población, permitieron el crecimiento acelerado de organizaciones criminales que hoy ejercen niveles de control sin precedentes en diversas regiones del país.
No se trata de una decisión tomada a la ligera ni de una estrategia de confrontación política. Es una acción motivada por la convicción de que las víctimas merecen justicia y de que la verdad no puede quedar subordinada a los intereses del poder. Durante años observamos cómo las instituciones encargadas de investigar delitos perdían credibilidad ante los ojos de los ciudadanos. Vimos cómo se debilitaban los contrapesos democráticos y cómo aumentaba la percepción de que ciertos temas simplemente no podían investigarse con independencia. En ese contexto, acudir a instancias internacionales se convierte en una herramienta legítima para buscar respuestas cuando las condiciones internas generan dudas razonables.
Estamos convencidos que las responsabilidades históricas no desaparecen con declaraciones públicas. Los gobiernos deben responder por sus decisiones y por las consecuencias de las mismas. Cuando una estrategia fracasa, lo responsable es reconocerlo, corregir el rumbo y asumir las consecuencias. Lo contrario equivale a pedirle a la sociedad que ignore la realidad que vive todos los días.
México necesita verdad, pero también necesita certeza de futuro. El país no puede permanecer atrapado entre la polarización permanente, la violencia creciente y la ausencia de resultados. Millones de ciudadanos están cansados de los pretextos, de las excusas y de los discursos que buscan repartir culpas sin resolver problemas. Lo que esperan es liderazgo, capacidad y soluciones.
En Acción Nacional entendemos ese mensaje. Por eso estamos impulsando una nueva etapa para nuestro partido, una etapa que pone en el centro a los ciudadanos, que reconoce los desafíos del presente y que trabaja para construir una alternativa seria de gobierno. Queremos ser la opción de cambio para un país que merece vivir en paz, con instituciones fuertes y con autoridades que hagan cumplir la ley sin excepciones.
Creemos en un México donde ninguna organización criminal pueda desafiar al Estado. Creemos en un país donde la justicia funcione sin distingos políticos y donde las víctimas encuentren respuestas en lugar de indiferencia. Y en donde los responsables sean investigados y sancionados.
Presidente del Partido Acción Nacional
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.