Hoy en México estamos viviendo en el reino del revés, donde se premia y apapacha a quien no da resultados y se responsabiliza y condena —mediáticamente— con todo el peso de la estructura oficial a quien está haciendo su trabajo con valentía, entrega resultados, combate la inseguridad y protege a sus gobernados. Lo ocurrido en días pasados a Marú Campos, la gobernadora en Chihuahua, los pinta de cuerpo entero.
En lugar de reconocer la importancia del operativo que, sin duda, marca un precedente en la lucha contra el crimen organizado en México, pues estamos frente a uno de los desmantelamientos más grandes de laboratorios de metanfetamina en la historia reciente del país no solo por la gran producción de drogas que tenía la capacidad de producir, sino por los millones de dólares de ganancia que representan para el grupo delincuencial, el gobierno federal optó por fijar una postura política, acusando al gobierno estatal de atentar contra la soberanía nacional, sin mediar investigación alguna.
En principio, lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas en el marco del operativo y nos solidarizamos con el dolor de sus familiares. La información indica que los agentes fallecieron en un accidente posterior. El operativo que ayudaron a realizar fue resultado de una estrategia que sí entiende que la seguridad no se construye con discursos, sino con coordinación real entre instituciones, con inteligencia, con investigación y, sobre todo, con voluntad política para enfrentar al crimen, no para administrarlo.
El hallazgo de este complejo criminal —ubicado en una zona de difícil acceso— revela el nivel de sofisticación con el que operan los grupos delictivos: una instalación de más de 800 metros cuadrados, con al menos 15 hornos, decenas de contenedores de gran capacidad, más de 100 cilindros de gas y los insumos necesarios para producir millones de dosis de metanfetamina. No estamos hablando de un laboratorio improvisado. Estamos hablando de una verdadera fábrica de destrucción social. Cada dosis que se produce no es solo una cifra en una estadística: es una historia que se rompe, una familia que se fractura, una comunidad que se deteriora. Por eso, impedir que toneladas de droga lleguen a las calles tiene un impacto profundo, aunque no siempre se pueda medir con exactitud en números. Menos adicciones, menos violencia asociada al narcomenudeo, menos vidas arrastradas por esta espiral. Eso es gobernar con sentido humano.
También hay que decirlo con claridad: este operativo no fue producto de la improvisación. Participaron elementos del Ejército mexicano en un esquema de coordinación institucional que ha sido constante en Chihuahua y aquí vale la pena subrayarlo, porque en medio del ruido político algunos parecen olvidarlo: cuando las autoridades trabajan juntas, los resultados llegan. Y vale la pena recordarlo: la colaboración y la coordinación entre países no están prohibidas en el marco de la nuestra Constitución.
Aquí hay una discusión de fondo que no podemos seguir posponiendo: la soberanía.
Se ha querido usar esa palabra como un escudo para evitar preguntas incómodas o para justificar la inacción. Pero la soberanía no es un concepto abstracto ni una consigna ideológica. La soberanía se ejerce cuando el Estado protege efectivamente a su gente. Cuando combate a los criminales sin titubeos. Cuando garantiza que las familias puedan vivir sin miedo.
Soberanía es que un gobierno tenga la capacidad de desmantelar una operación criminal de esta magnitud y eso fue exactamente lo que ocurrió en Chihuahua.
Por eso, si realmente existe interés en esclarecer la actuación de agentes extranjeros, lo conducente es llamar a cuentas a las autoridades federales responsables: la Cancillería, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Ahí están las atribuciones, ahí están las responsabilidades. No en los gobiernos estatales que sí están dando resultados.
Lo que no se vale es utilizar este tema como cortina de humo.
Porque mientras se pierde tiempo en debates estériles, hay estados en donde la realidad sigue siendo dramática. Ahí están los ejemplos: entidades donde la violencia no cede, donde los vínculos entre poder político y crimen organizado han sido señalados públicamente, donde la impunidad parece ser la regla y frente a ese panorama, la pregunta es inevitable: ¿cuántos de quienes hoy critican pueden señalar un resultado comparable al de Chihuahua?¿Cuántos pueden decir que desmantelaron una estructura criminal de esta escala, sin balazos, sin enfrentamientos, sin poner en riesgo a la población? La respuesta es incómoda, pero evidente.
Desde Acción Nacional lo hemos dicho con firmeza: México merece una política de seguridad seria, efectiva y con resultados. No una estrategia que se limite a administrar la violencia ni a justificar lo injustificable.
Lo ocurrido en Chihuahua demuestra que sí se puede avanzar cuando hay decisión, cuando hay coordinación y cuando se entiende que la prioridad es la gente, no la narrativa y también deja al descubierto algo más: que el país no está condenado a la inercia ni al fracaso.
Hay gobiernos que están haciendo la diferencia. Hay resultados que se pueden mostrar de frente y hay una ciudadanía que ya no se conforma con discursos, que quiere ver acciones concretas.
Ese es el México que debemos construir. Uno donde la seguridad no sea una promesa, sino una realidad. Uno donde el Estado recupere su capacidad de proteger, de investigar, de sancionar. Uno donde la política deje de ser pretexto y vuelva a ser herramienta.
Presidente del Partido Acción Nacional
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.