En un país que ha vivido años duros, marcados por la violencia extrema, la baja de 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos es una buena noticia. Cada vida preservada abre una rendija de esperanza. Sin embargo, la seguridad pública se siente en la calle, en la casa, en la escuela, en el camino al trabajo, en la posibilidad sencilla de vivir con tranquilidad, más allá de las estadísticas. Por ello, el dato merece analizarse en un contexto de mayor alcance.
El gobierno federal informó que el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026. La cifra tiene peso propio, pero su mayor valor aparece cuando se mira a la luz de una idea moderna de seguridad pública, que exige inteligencia, coordinación, investigación profesional, fiscalías fuertes y una justicia penal capaz de transformar hechos violentos en consecuencias legales, además de presencia policial operativa. De lo contrario, el problema de fondo queda sin una solución suficiente.
Desde esa perspectiva, la baja de homicidios permite advertir que la estrategia de esta administración está dando resultados. Apostar por sistemas en lugar de operativos aislados es una decisión de fondo correcta. Los sistemas pueden tardar más en ofrecer resultados espectaculares, pero construyen algo muy valioso, capacidad instalada, memoria institucional y respuesta coordinada.
Esa ruta toma tiempo. La seguridad de mediano plazo se parece más a una obra de ingeniería que a una escena de impacto. Primero se analiza el terreno. Luego se trazan cimientos. Después se conectan capacidades. Más adelante aparecen resultados verificables, más estables y menos dependientes del golpe coyuntural. En ese trayecto, la ley, la inteligencia y la justicia penal deben caminar juntas con mejor coordinación y mejores estándares de actuación en sus respectivas competencias.
Por eso conviene procesar esta reducción en el contexto amplio de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Cuando baja la violencia letal, el Estado gana tiempo y margen. Ese margen debe aprovecharse para consolidar lo que aún está en construcción: sistemas de inteligencia más robustos, investigación criminal que llegue al proceso penal, coordinación cotidiana entre Federación, estados y municipios y una amplia reforma al procedimiento penal y sus leyes relacionadas. Así, la cifra abrirá una puerta que la arquitectura institucional puede permitirnos cruzar.
México merece una seguridad que se sienta y una justicia que se vea en la vida diaria de las personas. En la del comerciante que abre su negocio sin pagar derecho de piso. En la del estudiante que regresa a casa sin cambiar rutas. En la de la madre que espera a su hijo en la puerta sin mirar el reloj con angustia. Calles más tranquilas, autoridades que colaboren, víctimas atendidas, delincuentes procesados y comunidades con confianza renovada. Eso es lo que está en juego detrás de esta estadística.
En seguridad, el alivio inmediato augura mucho, pero la permanencia pesa más. Una baja puede y debe cambiar el ánimo público. Un sistema sólido puede cambiar el destino de una generación.
Jorge Nader Kuri, abogado penalista.
X: @JorgeNaderK
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