Más de 1,600 familias decidieron “anexar” –es decir, recluir– a un ser querido en un centro de rehabilitación, muchas veces de forma involuntaria. Lo hicieron empujadas por el miedo o el hartazgo de las consecuencias del consumo de alcohol u otras drogas, tales como violencia, intentos suicidas, accidentes, delitos o un franco deterioro que parecía no tener salida.
Sin embargo, el mes pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) clausuraron más de 50 de estos establecimientos., La razón es conocida: muchos operaban sin autorización, sin cumplir la normativa vigente y sin garantizar condiciones mínimas de atención.
Pero la pregunta incómoda es otra: ¿qué pasó con esas personas? ¿Regresaron a casa sin tratamiento? ¿Fueron trasladadas a otro lugar igual o peor?
La realidad es que, en México, una gran parte de quienes enfrentan un consumo problemático de sustancias son atendidos en espacios no profesionales, fuera de la regulación y, con frecuencia, sin programas basados en evidencia. A menudo se les asocia erróneamente con grupos como Alcohólicos Anónimos, cuando en realidad estos últimos son espacios de ayuda mutua y de asistencia voluntaria, sin internamiento ni coerción.
Dentro de los llamados “anexos” hay de todo. Existen lugares donde se vulneran derechos, donde la violencia se normaliza bajo la idea de que “así se curan”, o incluso donde operan dinámicas delictivas. Pero también hay otros que, con recursos limitados, buscan ofrecer contención y una oportunidad de cambio.
El problema es evidente: los anexos no pueden seguir como están.
Pero también es evidente otra realidad incómoda: cerrarlos sin una alternativa es dejar a miles de personas a la deriva.
Se estima que existen miles de estos centros en el país. Si cada uno alberga decenas de personas, el número de quienes dependen de ellos es enorme. Y el sistema formal de salud no tiene, al día de hoy, la capacidad para absorber esa demanda.
Como han señalado diversos especialistas en política de drogas, el problema no radica únicamente en la existencia de estos centros, sino en la falta de un sistema de atención suficiente, accesible y de calidad para toda persona que padece un trastorno por uso de sustancias.
En Latinoamérica, además, la brecha es clara: según estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo una de cada once personas que requieren tratamiento lo recibe. Y eso sin considerar la calidad de ese tratamiento.
Frente a esta realidad, la respuesta no puede ser simplista.
Ni cerrar todo, ni permitir todo.
Lo que se necesita es una estrategia seria, gradual y articulada que convoque a autoridades, expertos y a la sociedad civil.
Primero, es indispensable actualizar la normativa vigente para reflejar la realidad actual del consumo de sustancias y alinearla con estándares internacionales de calidad, accesibilidad y respeto a los derechos humanos.
Segundo, se requieren protocolos claros que distingan entre diferentes modalidades de atención –ambulatoria o residencial– y que definan con precisión qué tipo de atención requiere cada usuario, así como planes de tratamiento de largo plazo acordes con la naturaleza crónica del trastorno, que sean actualizados ágilmente conforme varían los patrones de consumo y las sustancias de impacto.
Tercero, es urgente informar mejor a la sociedad. Muchas familias toman decisiones en medio de la desesperación y el desconocimiento. Necesitan saber qué es la adicción, cuáles son las señales de alerta y qué opciones reales de tratamiento existen.
También es fundamental difundir con claridad en qué casos es legal un internamiento involuntario: solo en situaciones de urgencia, con riesgo inminente o incapacidad para tomar decisiones, y siempre con sustento médico, y notificando a las autoridades. Fuera de esos supuestos, se trata de una privación ilegal de la libertad.
Finalmente, es necesario abrir una ruta de transformación para estos centros. No todos desaparecerán, pero los que deseen seguir, deben cambiar. Esto implica implementar esquemas de certificación progresiva y herramientas de autodiagnóstico, así como brindar acompañamiento técnico y capacitación que permitan elevar sus estándares y garantizar condiciones mínimas de atención, incluso cuando su modelo no sea profesional.
El Estado no puede solo. Pero la sociedad tampoco puede seguir resolviendo en la informalidad, con todos los riesgos que ello implica.
Lo que está en juego no es menor: son vidas, familias y comunidades enteras.
Porque vale la pena recordarlo: la adicción no cancela derechos.
Toda persona que vive un trastorno por uso de sustancias merece tener acceso a un tratamiento digno, seguro y efectivo.
La pregunta ya no es si debemos actuar. La pregunta es si vamos a construir soluciones de fondo, o si seguiremos reaccionando tarde, mal y dejando a los más vulnerables sin alternativas.
Fundador de Clínicas Claider
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