San Pedro Sula, Honduras.- Si me pidieran un deseo en materia de gobiernos y libertad de prensa, no dudaría en pedir lo siguiente: que más países imiten a Uruguay y Chile, donde la libertad de expresión es tolerada y garantizada y que, de una vez por todas, se acaben las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En nuestro Índice de Chapultepec los dos primeros países son las antípodas de los otros tres. Los presidentes Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, están en lo más bajo de la tabla. Bajo sus regímenes, los periodistas tienen tres opciones: la cárcel, la autocensura y el destierro.
Esos líderes que se llaman revolucionarios han secuestrado a los aparatos judicial y legislativo para reprimir a la oposición, a la ciudadanía, a la prensa y gobernar a su antojo. En Venezuela y Nicaragua, tienen decenas de presos políticos, entre ellos, varios dirigentes opositores, de la sociedad civil y periodistas. También se han adueñado ilegítimamente de voces independientes, las más notables, los diarios El Nacional de Caracas y La Prensa de Managua.
Los propietarios de esos periódicos, con un gran historial de lucha, han buscado el exilio, como Miguel Henrique Otero, quien enfrenta orden de captura y una demanda por 13 millones de dólares; o están en la cárcel, como Juan Lorenzo Holmann, prisionero del régimen de Daniel Ortega desde el 13 de agosto.
Esos gobiernos no solo dejaron de respetar la libertad de prensa y de expresión, también se ensañan contra la libertad de reunión. Cuba en este terreno tiene una práctica muy aceitada en más de 60 años de dictadura. El 11 de julio de 2021 reprimió y encarceló a ciudadanos y periodistas durante las protestas ciudadanas en varias ciudades. El 15 de noviembre, ante la segunda manifestación convocada por la ciudadanía, el régimen desplegó de nuevo la fuerza del aparato represor.
A todo lo anterior se suma que estos tres países registran la mayor cantidad de regulaciones usadas para bloquear y cortar el internet, el último reducto de una prensa independiente.
En realidad, desde la Primavera Árabe de hace 10 años, la digitalización de los medios y las nuevas plataformas de la tecnología de la comunicación solo ha ido elevando la importancia del periodismo en la lucha por la Democracia. Esto es esperanzador en medio de un panorama general de retroceso para la libertad.
Por otra parte, a menudo se confunde elecciones libres con democracia. Para que ésta exista debe prever no sólo la alternancia del poder y el respeto por la labor de los medios, sino también la independencia de los demás poderes públicos.
En esta materia hay que mirar de cerca a muchos países democráticos, pero con visos de autoritarismo, como El Salvador. El presidente Nayib Bukele ha violentado el principio de independencia de poderes. El 1 de mayo, desobedeciendo sentencias judiciales, obviando preceptos de inmovilidad y recurriendo a prácticas intimidatorias, destituyó al fiscal general y a los magistrados de la Corte Suprema. Bukele, que goza de alta popularidad, utilizó toda su batería digital contra los críticos internos.
El uso oficial de “botcenters” y “trolles” no es patrimonio de su gobierno, casi todos los usan sin menor respeto por reglas propias que castigan estas prácticas. Días antes de la farsa de la elección en Nicaragua, Facebook desbarató más de mil cuentas de su plataforma que el ministerio público de Nicaragua utilizaba para insultar y desprestigiar a opositores, críticos y periodistas con el mote de traición a la patria.
Bukele también es otro de los presidentes que, junto con Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador, disponen de artillería pesada contra la prensa para desprestigiarla e inhibirla. La peligrosidad de esa estigmatización, como muchas veces sucedió, es que termina disparando violencia contra la prensa y creando más polarización y divisiones.
La inhibición de la prensa no solo se busca mediante acciones de estigmatización, violencia y represión, sino a través de demandas multimillonarias. El caso de El Nacional remarca este concepto, así como previamente fue la querella por 40 millones de dólares que interpuso Rafael Correa contra El Universo de Guayaquil. Actualmente existe una "industrialización" de demandas contra medios y periodistas en Brasil, Panamá y Perú.
Otros dos temas llaman la atención y espero que puedan ser corregidos para el 2022. La Justicia está en falta con la libertad de prensa, en especial por el alto grado de impunidad que permite en torno a los crímenes contra periodistas, lo cual genera mayor violencia. De los 594 periodistas asesinados en las Américas desde 1987 (13 este año) un 87% de los casos permanece en la impunidad y solo en un puñado se ha llegado a castigar a los autores materiales.
Por último, un tema que debe disparar todas las alarmas es la opacidad de los gobiernos, sin excepción, ni siquiera Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, democracias fuertes del continente. Al contrario de lo que mandan sus constituciones y leyes, los gobiernos han negado, escondido y manipulado información, en especial la relativa a la pandemia, poniendo en serio riesgo el mayor patrimonio de un país: sus ciudadanos.
Es evidente que las democracias pueden ser imperfectas y siempre existirá tensión entre medios y el poder político, pero el sello de marca de todo régimen autoritario sigue siendo el desconocimiento del valor de la prensa y el periodismo como sustento del Estado de derecho y el imperio de la ley para todos.
