El Presidente López Obrador insiste en que él es incorruptible y que todos sus actos están apegados a Derecho, a pesar de las evidencias que lo exhiben en sentido contrario.
Su actitud ante las recientes videograbaciones —las vinculadas al caso Lozoya y las relacionadas con su hermano Pío recibiendo importantes sumas de dinero— lo retratan como un mandatario que interpreta y aplica la ley a conveniencia: unos son actos de corrupción y el de su hermano es un hecho permisible porque —según él— es para la causa del pueblo, a pesar de que ambos casos son corrupción y, por lo tanto, ilegales.
En este último caso tenemos a un delincuente pescado in fraganti y a otro confeso que, “a nombre del pueblo”, reconoce haber violado la ley.
El Presidente se desgañita tratando de que la gente le crea, de que el pueblo asuma como válidas las mentiras que nos receta, como meros actos de fe. AMLO insiste que él es diferente y con ello pretende ocultar el origen ilegal de los recursos que sirvieron para apuntalar su arribo al poder, así como distraer de su fracaso para enfrentar la inseguridad, el desempleo, la pandemia y el desastre que ha sido su gobierno en el manejo de la economía.
No es la primera vez que personajes cercanos a López Obrador se han visto implicados en este tipo de escándalos. Ahí están Gustavo Ponce, René Bejarano, Carlos Ímaz, Eva Cadena, Ricardo Monreal, Yeidckol Polevnsky, Manuel Bartlett, Eréndira Sandoval, John Ackerman, Zoé Robledo; además, está la reciente revelación del extesorero del SME en el sentido que entre 2006 y 2012 se desviaron 66 millones de pesos a López Obrador.
Sí, la gente está cansada de tanta pinche transa. De la de hoy y de la de ayer. Por ello, como daría a conocer Consulta Mitofsky en su tracking diario, la recuperación que venía teniendo la imagen del Presidente con el espectáculo del circo de Lozoya se frenó en seco puesto que en el tema del que más se ufana (su supuesta incorruptibilidad) recibió un descolón que le abolló la corona y evidenció que su plumaje está manchado. El Presidente perdió así una bandera, autoridad o “fuerza moral”, como diría el abyecto López Gatell.
El trabajo periodístico de Carlos Loret de Mola en Latinus propició una respuesta oficial que dejó las cosas en claro: la “cuarta transformación” es una farsa, no hay combate real a la corrupción, lo que hay es revanchismo contra los adversarios del Presidente y un intento por reeditar el clima de polarización previo a las elecciones presidenciales del 2018, queriendo convencer a la sociedad de que rumbo al 2021, ellos, Morena y sus aliados, son los “menos peores”.
Pero como AMLO sabe que el escenario del 2018 no se repetirá el próximo año, entre otras razones porque él mismo no aparecerá en las boletas, ahora ha salido con una propuesta absolutamente inconstitucional e ilegal como la de querer someter a consulta popular en las elecciones del 2021, mediante una boleta, si se lleva a juicio a los expresidentes.
A como dé lugar quiere meterse en el proceso electoral, hacer campaña y favorecer a su partido. El cumplimiento de la ley y los derechos de las personas, como el de la presunción de inocencia, no se pueden sujetar al ánimo popular, incendiando los sentimientos de venganza social y política para quemar a alguien en la plaza pública.
El INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no deben permitir esta barbaridad. Sí, en cambio, las autoridades correspondientes —INE y Fiscalía General de la República— deben investigar los hechos denunciados previamente referidos y sancionar a los responsables.
Las fuerzas políticas y sociales preocupadas por esta degradación impulsada desde la Presidencia, tienen el deber de lograr la más amplia unidad en defensa de la República, la democracia, las libertades y el Estado de Derecho.
Exdiputado federal
