El proceso electoral 2020-2021 inició este lunes 7 de septiembre bajo el signo de grandes amenazas para la democracia.
La condición indispensable para consolidar la difícil transición del viejo régimen autoritario a uno elemental y esencialmente democrático, es la existencia de un árbitro electoral imparcial, autónomo e independiente del gobierno y de los diferentes contendientes, en el marco de respeto irrestricto a las leyes y normas, para que se garantice la realización de elecciones libres, periódicas e informadas, con acceso pleno al sufragio para todos los electores, sin la injerencia de los gobiernos federal y locales que pudieran distorsionar el libre ejercicio de la voluntad popular.
Este proceso electoral arranca con un INE aguijoneado por el presidente López Obrador, acusado reiteradamente de ser un órgano orquestador de fraudes y —según sus dichos— sospechoso de fraguar anticipadamente un ilegal resultado en los comicios del 6 de junio de 2021: palabra de AMLO. Sin aportar ninguna prueba más que el peso de sus afirmaciones desde el púlpito presidencial mañanero.
La existencia de un órgano electoral independiente, logrado con la reforma política y electoral de 1996 demandada por el PRD (en aquel entonces encabezado por Porfirio Muñoz Ledo), ha sido garantía para hacer posibles las diversas alternancias políticas en la Presidencia de la República desde el año 2000, incluida la del 2018 que llevó a AMLO al poder nacional.
Prohibir el manejo clientelar-electoral de los programas sociales gubernamentales, asegurar que el gasto de las campañas sea predominantemente público para evitar la intromisión de dinero ilícito en las mismas, además de una rigurosa fiscalización de los recursos ejercidos, han sido parte esencial del conjunto de normas que deben respetarse para tener elecciones libres y democráticas.
Paradójicamente, después de tres intentos de luchar por la Presidencia y lograr su cometido en el 2018, López Obrador atenta desde ese máximo órgano ejecutivo de la nación, contra esas reglas democráticas, pretendiendo una regresión autoritaria.
Mantiene bajo acecho al INE, acusa a los medios de información y a columnistas librepensadores dizque de atacarlo porque son “conservadores” y los etiqueta de “partidarios de la corrupción” tan sólo por emitir alguna opinión diferente a la de su gobierno.
Y lo más preocupante (aunque ya no sé qué cosa sea peor): el hecho de tener montada una estructura, la de los “Servidores de la Nación”, un ejército electoral privado al servicio del Presidente, pagado con dinero público para operar centenares de miles de millones de pesos de los programas sociales con fines electorales, que operan casa por casa y manzana a manzana como en las dictaduras, para asegurar el voto por su partido, Morena. Este ejército electoral del Presidente no figura en la estructura de la administración pública federal. Es ilegal.
López Obrador quiere armar así un fraude electoral para ganar el 2021. Y de allí, “amarrar” el 2024. La sociedad no debe permitirlo.
Presidente Nacional del PRD
