A pesar de que se acerca la COP26 en Glasgow (del 31 de octubre al 12 de noviembre) el gobierno de México no se pronuncia al respecto. Quizá porque está consciente de que no cumplirá con las metas que se autoimpuso. Destacan dos. Primera, aumentar la participación de energías limpias a 35% en 2024. Segunda, reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y en 51% las emisiones de carbono negro (CN) en 2030, respecto al escenario tendencial.
Para que un esquema de compromisos internacionales como el plasmado en el Acuerdo de París funcione, es indispensable contar con mecanismos de monitoreo de emisiones que permita verificar cumplimientos. La “transparencia climática” que se logra con esos allana el camino al proceso. El último Reporte de la Brecha de Emisiones (ONU) señala que la brecha es del orden de más de 40 veces el total de emisiones de México, que se reducirá al plantear nuevas metas de neutralidad de emisiones de EU, la Unión Europea y China, entre otras, si bien se requiere el esfuerzo de otros.
La sociedad civil y los medios tienen un rol central en ese monitoreo. Entre más claro queda que estamos lejos de alcanzar las metas mínimas para contener el calentamiento global en menos de 1.5 – 2.0 ºC, más se requiere que la sociedad ejerza su papel de auditor de las acciones de los involucrados, en México en especial el gobierno y el sector energía.
Vamos al revés: la construcción de la refinería de Dos Bocas en un momento cuando la mayoría de las grandes petroleras han decidido reorientar sus estrategias para incorporar negocios relacionados con energías renovables; la suspensión de las subastas de energía eléctrica; la modificación de la forma como se emiten los Certificados de Energías Limpias (CEL); la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; entre otras.
Dada la perspectiva del Cambio Climático, se ha vuelto ultra urgente poner énfasis en las acciones de mitigación. Están identificadas las regiones de México que quedarán bajo el agua. Vamos tarde en modificar los ordenamientos urbanos correspondientes e inducir reubicaciones de la población, con inversiones públicas y privadas. No hay nada al respecto.
El problema no es solo el discurso público refractario e incluso adverso al mejoramiento ambiental sino, peor aún, el inmovilismo gubernamental. Los recursos presupuestales destinados a la “Protección ambiental” en 2019-2022 (765.6 millones de dólares -mdd-) representan solo la mitad (49.7%) de 2013-2018 y 38.9% del promedio 2007-2012
De acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), los costos asociados de implementar 30 medidas de mitigación en ocho sectores económicos para lograr el compromiso no condicionado del país de reducción de emisiones ascienden a poco más de 126 mil mdd devengados en 2014-2030, que equivaldría a 7,800 mdd anuales, 10 veces más que lo actual. La brecha de financiamiento es enorme.
No hay visión ni esperanza para evitar el colapso climático en México. Ni siquiera forma parte del debate político central. El gobierno nos abruma con trivialidades y deja este asunto esencial en la obscuridad.
Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA