El fin de semana, información afín a la narrativa de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación (Segob), y de la Fiscalía Especial de Ayotzinapa de la FGR —estrechamente ligada a la antes mencionada subsecretaría—, apareció en varios medios de comunicación. Las filtraciones de documentos oficiales que, a todas luces, son revelaciones periodísticas, se presentaron en la revista Proceso, con el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra 16 militares; en el Reforma, con los mensajes (WhatsApp) que darían cuenta del trágico fin de los estudiantes y el presunto involucramiento de militares en estos hechos, y en El País, con información de que la FGR se habría desistido de 21 de 83 órdenes de aprehensión que el fiscal especial del caso había solicitado, pero los desistimientos habrían sido por otra unidad de la FGR y no la encargada del caso.
Todas estas filtraciones tratan de validar el trabajo que han hecho y contar una narrativa que centralmente afecta a las fuerzas armadas, particularmente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por hechos que involucrarían a sus elementos, en Guerrero, en vínculos con la delincuencia organizada en la desaparición de estudiantes y hasta en la muerte de algunos de ellos. Filtraciones todas muy graves. Imposible saber quién las hizo, pero en los círculos oficiales y periodísticos se señala al fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, por el manoseo que de su caso habrían hecho otras áreas de la FGR y el cabildeo de la propia Sedena. Estas filtraciones, según la herramienta Xpectus, tuvieron un alcance, hasta ayer por la tarde, de 11.9 millones de personas.
Por otro lado, la Sedena está tratando de imponer su narrativa. En ésta, sus elementos son inocentes y no hay que dar credibilidad al testimonio de delincuentes confesos de cárteles criminales de Guerreros Unidos. Para dar su versión, la Sedena permitió al periodista Jorge Fernández Menéndez entrevistar al militar de más rango acusado y detenido, el general en retiro José Rodríguez. En la entrevista, a pesar de estar arrestado y en retiro, portó uniforme militar y siguió mostrando en sus hombros la estrella de general brigadier, algo de llamar la atención. Ahí se le permitió hablar de las acusaciones en su contra, las que se tacharon de absurdas, y dejó ver un lado humano. Esta entrevista se publicó en Excélsior, en el podcast de El Heraldo Media Group y en ADN40 (filial de TV Azteca). Su alcance, también hasta ayer por la tarde, era de 304 mil personas.
Así, la pelea sobre el caso Ayotzinapa se da con jueces federales, pero también los acusadores y acusados están dando una batalla para ganar la narrativa pública y establecer su verdad, a pesar de que esto muestre serias fracturas en la 4T y de que quienes filtraron la información oficial y las acusaciones optaron, curiosamente, por medios tachados como “contrarios”.
Quién logrará imponer su verdad sobre la opinión pública es algo de extrema relevancia. Por un lado, podría inclinar la balanza en los juicios en curso, pero, sobre todo, porque se está definiendo un tema histórico, cuyas repercusiones durarán años. Desde el 2 de octubre de 1968 no hay un caso tan emblemático y crítico para las Fuerzas Armadas. Más porque estas discusiones, juicios y filtraciones se dan en el contexto de ampliar el despliegue de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública y en actividades mercantiles de gran relevancia para el Estado.
El tema es de lo más delicado que enfrenta la 4T, pues la crítica y la división viene de “dentro”. Ayotzinapa inició el hundimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador sabe lo delicado del asunto y las varias facciones que hay en su gobierno. Basta con ver el cuidado que tuvo y las palabras que usó ayer en la mañanera. Todo está en juego para muchos funcionarios. Habrá que ver qué resulta. Ojalá en todas estas grillas en algún momento alguien con decencia y dignidad busque dar justicia a los padres y madres de los jóvenes de Ayotzinapa.
