La presidenta Sheinbaum y la consejera Alcalde anunciaron el lunes una propuesta para reformar la reforma judicial. Como ya es costumbre, llegó en diapositivas de PowerPoint y no, como debería, en disposiciones jurídicas concretas y claras que permitan el debate público. Así, estamos otra vez estamos en el cuento de analizar PowerPoints. Pero vale la pena hacerlo, porque la propuesta Sheinbaum-Alcalde para aplazar las elecciones judiciales presenta problemas de forma y de fondo. Todos son graves.
Vamos con la forma. Mover las elecciones de 2027 a 2028 parece, en principio, una buena idea. De algún modo, la presidenta y su equipo reconocen lo que muchos ya habíamos dicho: era logísticamente inviable organizar las elecciones judiciales tal como están hoy y empatarlas con las legislativas y ejecutivas de 2027. Era la crónica de un desastre anunciado. Y, por fortuna, parece que esto se corregirá.
El problema es que la presidenta solo quiere quitarse el problema a ella (y solo a ella). Aunque desempata las elecciones de 2027, mantendría la concurrencia de elecciones judiciales para 2030, 2033 y las que vengan. Quitarse ella el problema pero conservar la concurrencia obedece a una lógica cortoplacista y, peor aún, implica perpetuar el error. Manda, además, una señal tan clara como preocupante: a este gobierno solo le interesa este gobierno.
Paso ahora al fondo. El mayor problema de esta propuesta es que no corrige lo que realmente falló. La nominación sigue en manos de los órganos políticos que controla Morena, así que ellos, y solo ellos, decidirán quién podrá llegar al Poder Judicial, desde los jueces de distrito hasta la Corte misma.
Tampoco modifica las reglas que impiden una competencia real y que provocaron que los acordeones definieran la elección. La absurda prohibición de recursos públicos y privados sigue ahí. La falta de acceso viable a radio y televisión sigue ahí. La imposibilidad de que la ciudadanía se organice para participar sigue ahí. Dicho de otro modo, de nada sirve cambiar la fecha si al final los acordeones y la movilización que los hizo posibles seguirán definiendo el resultado.
Más que una genuina reforma de la reforma judicial, lo que ha puesto sobre la mesa la presidenta Sheinbaum es gatopardismo constitucional. Puro y duro. Cambios relativamente menores, que refuerzan la lógica centralista y que dejan intactas las grietas estructurales.
El problema de fondo es siempre el mismo. Mientras el poder político controle quién accede al Poder Judicial y mientras no se garantice la competencia técnica de quien compite, ningún método de elección podrá corregir el daño. Da igual si es concurrente o separado, si lo organiza un comité o lo organizan tres. Cambiar las fechas sin cambiar las reglas que realmente importan es simplemente patear el balón y fijar un calendario más conveniente para Morena.
Javier Martín Reyes. Investigador en el II-UNAM y en el Instituto Baker. X: @jmartinreyes.
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